Algo en Común El diario de Rosario
El Gobierno de Santa Fe intensificó la fiscalización de la Tarifa Social, tras detectar abusos que derivaron en subsidios millonarios. Se dieron de baja a 1.506 usuarios, y el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe enfrenta una creciente preocupación tras detectar abusos y consumos excesivos en usuarios inscriptos en el registro de la Tarifa Social. Según informaron las autoridades provinciales, en total se dieron de baja a 1.506 usuarios que consumieron por encima de los 2.000 kW, cuando el consumo promedio de un hogar ronda los 700 u 800 kW mensuales.
El caso más alarmante corresponde a 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kW, generando facturas por más de 17 millones de pesos. Sin embargo, los usuarios solo abonaron una pequeña fracción de ese monto, cerca de 2.9 millones, dejando que el Estado provincial cubriera el saldo de 14 millones de pesos. “Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la EPE y a quienes realmente lo necesitan”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
En total, los controles de la Tarifa Social identificaron a 258 usuarios que superaron los 3.000 kW de consumo, mientras que en Rosario se hallaron cuatro casos que excedieron los 6.000 kW. En los 82 casos más graves, el Estado tuvo que cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios apenas abonaron 6 millones.
Para enfrentar esta problemática, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ha dispuesto un esquema de control más estricto, con auditorías permanentes y medidas de modernización en la EPE. “Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, indicó la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.
La ciudad de Rosario se destacó con 78 casos de usuarios que superaron los 3.000 kW de consumo, lo que demandó un subsidio estatal de más de 21 millones de pesos. En uno de los casos más notorios, un usuario del barrio Belgrano consumió 7.020 kW, generando una factura de 521.442 pesos, que fue cubierta por el Estado.
Además, en septiembre se identificaron 21 contribuyentes con consumos entre 2.500 y 7.000 kW, que generaron facturas por más de 17 millones de pesos. Los usuarios pagaron solo 2.8 millones, mientras que el Estado cubrió la diferencia, unos 14 millones de pesos.
En Funes, la situación fue igualmente alarmante. Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kW, generando una factura de 880.367 pesos, de los cuales abonó solo 19.673 pesos. El Estado cubrió 860.693 pesos. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kW, con facturas por 2.27 millones de pesos, y el Estado asumió 2.19 millones.
En la capital provincial y en Rincón, se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kW, lo que implicó un subsidio estatal de más de 23 millones de pesos. En un caso en barrio Residencial, una vivienda consumió 2.840 kW, generando una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094 pesos.
Como respuesta a estos abusos, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75.000 telemedidores, con el objetivo de mejorar el monitoreo en tiempo real de los consumos. Esto permitirá ser más precisos a la hora de distribuir los recursos y evitar desvíos en el beneficio de la Tarifa Social. “El robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos”, expresó Rodríguez.
La medida busca garantizar que la Tarifa Social continúe siendo un instrumento de equidad, favoreciendo a los hogares vulnerables y asegurando un consumo responsable. Además, se espera que los nuevos controles y la modernización de la EPE contribuyan a evitar que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejan la necesidad real de los sectores más desfavorecidos.
