Algo en Común El diario de Rosario
No cobran desde octubre, las tarifas están congeladas y los pacientes ya quedan sin traslado. Exigen al gobernador Pullaro una solución urgente.
El sector de transportistas de personas con discapacidad atraviesa una situación crítica: desde octubre de 2023 no reciben pagos por parte del IAPOS, la obra social de la provincia de Santa Fe. Con una tarifa congelada en $541 por kilómetro, muy por debajo de lo que cobra cualquier remis o ambulancia, los trabajadores anuncian una movilización a las puertas del IAPOS y la presentación de un petitorio al gobernador Maximiliano Pullaro, reclamando medidas inmediatas para evitar el colapso del servicio.
“Cobramos cuatro veces menos que una ambulancia, y ni eso nos pagan”, denunció Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (ATRAES), quien calificó la situación como “una catástrofe” y advirtió que ya hay pacientes sin movilidad garantizada.
El panorama es crítico. Los transportistas de personas con discapacidad llevan seis meses sin cobrar por parte del IAPOS, acumulando una deuda que se remonta a octubre de 2023. Esta falta de pago, sumada a una tarifa totalmente desactualizada de apenas $541 por kilómetro —menos de la mitad de lo que se paga por un remis común—, está dejando al sector al borde del colapso.
Las consecuencias ya son visibles: pacientes que dependen de estos traslados para asistir a sus tratamientos, rehabilitación o instituciones educativas están empezando a quedar sin servicio. Frente a esta situación, los trabajadores anunciaron una movilización frente al IAPOS y la presentación de un petitorio al gobernador Maximiliano Pullaro, exigiendo respuestas concretas.
Los transportistas especializados son un eslabón clave para garantizar el acceso a derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Sin embargo, el abandono por parte del Estado provincial y la precarización creciente del servicio empujan a muchos trabajadores a suspender sus tareas, ya que no pueden cubrir siquiera los costos operativos mínimos.
“El gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Si no nos pagan, los pacientes se quedan sin movilidad, y eso es abandono”, denunció Pablo Bolego, presidente de ATRAES, quien no dudó en calificar la situación como “una bomba de tiempo”.
El reclamo es claro y urgente. El gremio exige el pago inmediato de la deuda acumulada desde octubre hasta marzo, la actualización de la tarifa por kilómetro para reflejar los costos reales del servicio, y garantías concretas para evitar que esta situación de desfinanciamiento vuelva a repetirse.
Mientras organizan la protesta en las próximas horas, desde ATRAES advirtieron: “No vamos a permitir que sigan abandonando a los más vulnerables. Esto no da para más”.
