Algo en Común El diario de Rosario
El gobernador de Santa Fe respaldó los proyectos enviados a la Legislatura y anticipó nuevas iniciativas para ampliar las facultades del Estado frente al crimen organizado. Advirtió que las bandas criminales siguen activas, defendió las reformas ante los cuestionamientos constitucionales y destacó la reducción de homicidios que atribuyó a su gestión.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de proyectos de ley en materia de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura y aseguró que la provincia necesita nuevas herramientas para profundizar la lucha contra el delito. Durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios, realizado en la ciudad de Santa Fe, el mandatario sostuvo que las organizaciones criminales continúan operando, aunque afirmó que se encuentran contenidas por la intervención estatal.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, remarcó Pullaro al referirse a las iniciativas legislativas. En esa línea, adelantó que el Ejecutivo presentará nuevas propuestas para ampliar los instrumentos disponibles en la prevención y persecución del delito. Frente a las objeciones sobre una posible inconstitucionalidad de algunas medidas, afirmó: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Para respaldar su posición, el gobernador recurrió a las cifras de homicidios que mencionó durante su exposición. Según indicó, hace tres años, para esta misma altura del calendario, la provincia registraba 344 homicidios, mientras que actualmente contabiliza 128. No obstante, advirtió que la disminución de la violencia no implica que las estructuras criminales hayan sido desarticuladas. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, señaló.
El paquete legislativo contempla una serie de modificaciones orientadas a ampliar las herramientas policiales, fiscales y judiciales. Entre las principales propuestas se encuentran la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias vinculadas con la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio.
También se propone habilitar interrogatorios policiales a sospechosos y entrevistas fiscales a personas vinculadas con una investigación antes de una eventual imputación. A estas medidas se suman la incorporación de juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar debidamente notificados, y la posibilidad de aplicar decretos penales en casos de penas leves y pruebas contundentes.
La iniciativa incluye, además, la creación de zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad, la posibilidad de derribar búnkeres de venta de drogas por orden fiscal en circunstancias excepcionales y la ampliación de las facultades de inteligencia y del programa de recompensas.
En paralelo, Pullaro defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en particular las destinadas a detenidos de alto perfil. El mandatario recordó que, antes de su llegada al Gobierno, algunos presos podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos. En ese contexto, destacó el trabajo del personal policial y penitenciario, al que atribuyó un papel central en la recuperación del orden y la reducción de la violencia.
Cruces por las garantías constitucionales
Durante su discurso, el gobernador cuestionó a sectores de la abogacía penal que plantearon reparos constitucionales a las reformas. En particular, criticó que las objeciones provengan, según su interpretación, de quienes defienden a personas acusadas de delitos graves, incluidos integrantes de organizaciones narcocriminales.
Pullaro también volvió a cuestionar lo que definió como “garantismo bobo”, aunque aclaró que su planteo no implica desconocer los derechos establecidos por la Constitución. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, sostuvo.
Como antecedente, recordó los habeas corpus que enfrentó cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad, en el marco de sus intentos por restringir el ingreso de alimentos a las cárceles. Sus declaraciones volvieron a poner en el centro de la discusión la tensión entre las facultades del Estado para combatir el delito y los límites constitucionales que regulan la actuación policial, fiscal y judicial.
El mandatario también se refirió a la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y destacó el proceso de diálogo institucional que permitió proponer seis nuevos integrantes. En su planteo, la modernización del Poder Judicial y la utilización más eficiente de los recursos estatales forman parte de una misma agenda junto con las reformas en seguridad.
Al cierre del acto, Pullaro reivindicó la labor de policías y agentes penitenciarios y mencionó la recuperación de espectáculos masivos y espacios públicos como señales de una mayor tranquilidad en la provincia.
Sin embargo, insistió en que la reducción de los homicidios no significa que el problema esté resuelto. Con el paquete legislativo en debate y el anuncio de nuevas iniciativas, el Gobierno provincial busca ampliar sus herramientas de intervención frente al crimen organizado, en una discusión que también involucra el alcance de las garantías constitucionales y el papel de cada poder del Estado.
