Algo en Común El diario de Rosario
Tanto el Gobierno de Santa Fe como la Municipalidad de Rosario se presentarán como parte acusadora en la causa que investiga la distribución de fentanilo adulterado por el laboratorio HLB Pharma. El caso ya cuenta con participación de familiares de víctimas, instituciones de salud y autoridades nacionales.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario confirmaron que se constituirán como querellantes en la causa federal que investiga la distribución de fentanilo contaminado, producido por el laboratorio HLB Pharma. La presentación se realizará ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
En ambos casos, las administraciones locales sostienen que fueron institucionalmente afectadas por la circulación del fármaco adulterado, el cual fue retirado del sistema de salud en el mes de mayo tras una alerta emitida por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
La medida permitirá al Estado provincial y al Ejecutivo municipal actuar formalmente dentro del proceso penal junto al Ministerio Público Fiscal, con capacidad de impulsar medidas de prueba, solicitar cautelares y apelar decisiones judiciales, en un expediente que involucra a otros actores, como el Hospital Italiano, el propio Estado nacional y familiares de personas fallecidas.
Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe recordaron que, apenas se conoció la alerta nacional, se adoptaron medidas preventivas urgentes, se retiraron los lotes del producto en todo el sistema provincial, tanto público como privado y se prohibió el uso de todos los medicamentos registrados de la firma HLB.
Además, se habilitó la compra de reemplazos terapéuticos para garantizar la continuidad de la atención, y se enviaron muestras de fentanilo y de pacientes afectados a los institutos Iname (de Anmat) y Malbrán, con el objetivo de investigar la presunta vinculación entre las infecciones detectadas y el fármaco adulterado.
En paralelo, se activó el Programa de Farmacovigilancia, que permitió registrar 69 notificaciones ante el Sistema de Vigilancia de Salud, de las cuales 35 corresponden a personas fallecidas. En todos esos casos, los pacientes habían recibido medicación de los lotes sospechados, aunque aún se analiza si el medicamento fue la causa directa de los decesos.
Por su parte, la Municipalidad de Rosario resolvió sumarse a la causa como parte querellante, luego de haber participado desde un principio aportando información al sistema nacional de vigilancia epidemiológica y a la justicia federal.
“El intendente ya dio la orden de avanzar con la constitución como querellantes, con todos los elementos en la mano y las valoraciones médicas y jurídicas correspondientes”, afirmó el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.
El funcionario detalló que las ampollas contaminadas fueron utilizadas exclusivamente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y que, tras la alerta de Anmat, se retiraron los lotes en circulación y se devolvieron unas 300 dosis que aún estaban en stock.
Chale enfatizó que la Municipalidad no compra directamente al laboratorio, sino a través de droguerías que participan de licitaciones públicas con control administrativo del Tribunal de Cuentas, y remarcó que es la Anmat quien debe garantizar la seguridad y trazabilidad de los medicamentos que se comercializan en el país.
Además, el municipio no descarta iniciar una demanda por daños económicos, ya que la emergencia sanitaria forzó una compra urgente de reemplazos y la destrucción de medicación adquirida legalmente, lo cual alteró el funcionamiento operativo del sistema de salud municipal.
“Este caso no solo afectó la salud pública; también trastocó la operatoria del sistema. Pero lo más importante es que se investigue a fondo y se determine la responsabilidad de quienes produjeron y distribuyeron un medicamento en condiciones irregulares”, concluyó Chale.
