Algo en Común El diario de Rosario
Expediente 271532 del concejal Caruana. Aprobado por mayoría reglamentaria, con el voto negativo de los concejales Carlos Cardozo, Ana Laura Martínez, Agapito Blanco, Franco Volpe y Sabrina Prence; y con la abstención del concejal Hernán Calatayud.
Se aporbó una declaración del concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, en la que “expresa su preocupación frente a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Capital Humano de realizar actividades de asistencia alimentaria en todo el territorio nacional delegando las tareas de planificación y organización inherentes al Estado en una Fundación sin fines de lucro (Conin) cuya visión del tema alimentario y la asistencia a la pobreza tiene un franco sesgo ideológico que podría condicionar la exclusión de algunos ciudadanos que cumplan criterios de asignación prioritarios pero no califiquen por mérito. Preocupa que esta acción junto a un modo de gestión que viene tomando el gobierno de nacional ponga en riesgo la responsabilidad estatal a la hora de garantizar derechos”.
La declaración obtuvo 21 votos a favor y en contra de los ediles Carlos Cardozo y Ana Laura Martínez, del Pro; Sabrina Prence y Franco Volpe, de Vida y Libertad, y Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, y la abstención de Hernán Calatayud, de Volver a Rosario.
En el extenso debate planteado intervinieron Caruana; Mariano Romero y Norma López, de Justicia Social; Franco Volpe y Sabrina Prence, de Vida y Libertad; Hernán Calatayud, de Volver a Rosario; Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Verónica Irizar, del bloque Socialista; Juan Monteverde y Caren Tepp, de Ciudad Futura; Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario;
D E C L A R A C I Ó N
El Concejo Municipal de Rosario expresa su preocupación frente a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Capital Humano de realizar actividades de asistencia alimentaria en todo el territorio nacional delegando las tareas de planificación y organización inherentes al Estado en una Fundación sin fines de lucro (CONIN) cuya visión del
tema alimentario y la asistencia a la pobreza tiene un franco sesgo ideológico que podría condicionar la exclusión de algunos ciudadanos que cumplan criterios de asignación prioritarios pero no califiquen por mérito. Preocupa que esta acción junto a un modo de gestión que viene tomando el gobierno de nacional ponga en riesgo la responsabilidad estatal a la hora de garantizar derechos.
