Por los fuertes incrementos los adjudicatarios de Bauen Pilay piden una audiencia pública

Los damnificados fueron al Concejo y reiteraron el pedido en la reunión semanal de la comisión de Planeamiento realizada este lunes 11 en la Sala de la Memoria del Anexo I “Arturo Umberto Illia”.

Presidió el encuentro de la comisión su titular, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular (IP), y asistieron Agapito Blanco, Agustina Bouza y Carlos Cardozo, de Cambiemos; Juan Monteverde, de Ciudad Futura; Horacio Ghirardi, del bloque Socialista, y María Eugenia Schmuck, de la bancada Radical.

En el primer tramo del encuentro los ediles recibieron a un grupo de adjudicatarios de viviendas de la empresa Bauen-Pilay, quienes reiteraron el reclamo con relación al monto de la cuota que cobra la firma y en tal sentido insistieron en el pedido para que en Concejo se realice una audiencia pública para abordar la cuestión.

Al recibirlos la edila Gigliani mencionó que había ingresado una nota de la firma Pilay en la que se precisa que en el marco de 170 reclamos sobre el tema cuotas que se habían planteado y a partir de la intervención de la Red Argentina de Consumidores se había alcanzado un acuerdo con 82 casos, mientras que se sigue conversando sobre los restantes.

Por su parte quienes ya viven en uno de los edificios construidos por Bauen-Pilay, reiteraron el planeo sobre la necesidad de la reducción en el monto de la cuota y sostuvieron que no comparten el acuerdo alcanzado.

Consignaron que en su momento 23 casos habían llegado a un acuerdo que implicó una baja en el monto de la cuota de un 20 por ciento y a partir de allí, volvieron a regirse por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

De igual modo marcaron que “no consideramos que pueda imponerse a todos el acuerdo” e insistieron sobre “una audiencia pública” que recordaron “en su momento habíamos pedido al Concejo”.

Indicaron que “a marzo una cuota posesión está en 26.900 pesos y la cuota espera entre 9.000 y 10.000 pesos”, por lo que insistieron en “la revisión urgente del monto” de la misma.

Destacaron que de acuerdo a “algunos estudios que hicieron especialistas la diferencia entre el índice de incremento de acuerdo a la CAC y lo efectivamente pagado equivale a más de 15 cuotas”.

En otro tramo de las intervenciones sostuvieron que en algunos casos los acuerdo significaron “compensar con la entrega sin cargo del reglamento del edificio” e insistieron que no coincidían en ello.

Al insistir sobre el pedido de una audiencia pública sostuvieron que “queremos que el tema se visibilice”.

A su turno tanto la concejala Gigliani, como la edila Schmuck, afirmaron que “no queremos crear falsas expectativas” acerca de la audiencia pública y agregaron que “desde el Concejo no podemos modificar el contrato”.

El edil Blanco, por su parte, indicó que desde el Concejo “podemos ayudar, presionar, pero no solucionar” y coincidió en “no generar falsas expectativas”.

En tanto el concejal Monteverde expresó su acuerdo con una audiencia y sugirió realizarla en un plazo, por ejemplo, de 90 días, para que ante de ese momento la empresa pueda responder el reclamo. También sugirió como alternativa la realización de una jornada pública para exponer sobre la temática.

Por su parte la concejala Schmuck consideró la posibilidad que los ediles puedan participar “como mediadores para ver si se puede encontrar una solución”.

Sobre el cierre del encuentro la edila Gigliani expresó su preocupación acerca que “la gente venga ilusionada respecto que acá se va a encontrar una solución”.

Los ediles analizaron posteriormente diversos expedientes, entre ellos un mensaje del Departamento Ejecutivo por el que se plantea una modificación de la ordenanza que establece el Plan Integral de Suelo Productivo.

Ante pedidos de varios ediles la norma quedó en estudio y se requirió al titular del bloque Socialista, Ghirardi, que gestione la presencia de funcionarios de las secretarías de Planeamiento y de Producción para explicar la iniciativa. Anticipó el concejal Ghirardi que el objetivo es evitar que empresas se vayan de la ciudad.

Quedó también en análisis tras un debate un mensaje del Ejecutivo que modifica el Plan Especial Pichincha. En tal sentido el concejal Cardozo, pidió analizar más detenidamente el expediente, dado que dijo que “es imposible la convivencia” entre la enorme cantidad de locales gastronómicos y edificios de viviendas.

Marcó el ejemplo de ciudades “como Salta, donde la calle Balcarce quedó para esparcimiento e igual en Mendoza con la calle Arístides Villanueva”.

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