Algo en Común El diario de Rosario
El juez federal rosarino Marcelo Bailaque se encuentra imputado en tres causas de extrema gravedad que incluyen presuntos vínculos con el narcotráfico, extorsión a empresarios y el desvío de más de $1.000 millones de fondos públicos. Aunque el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz ordenó su prisión preventiva por 90 días, la medida no puede hacerse efectiva mientras Bailaque conserve sus fueros como magistrado. A la par, el Consejo de la Magistratura recibe cada vez más presión para avanzar en su posible suspensión o juicio político. En paralelo, Da Cruz dispuso un embargo sobre todas sus cuentas bancarias, excepto la cuenta sueldo, le prohibió salir del país y ordenó una inhibición general de bienes por $1.500 millones.
El juez federal Marcelo Bailaque fue imputado en tres causas penales por presunta corrupción, prevaricato y extorsión, en el marco de una investigación que lo vincula con maniobras delictivas sistemáticas aprovechando su cargo. La fiscalía de Diego Velasco, de la Procelac, pidió su detención inmediata al considerar acreditada su participación en una red que incluye connivencia con el narcotráfico y presiones a empresarios. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz hizo lugar al pedido y dictó prisión preventiva por 90 días, pero la medida no podrá concretarse mientras Bailaque mantenga sus fueros. Ahora, todas las miradas apuntan al Consejo de la Magistratura, que deberá definir si lo suspende o lo envía a juicio político.
El juez no sólo está imputado por corrupción y extorsión, sino que también enfrenta acusaciones por favorecer al narcotraficante Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua, al rechazar intervenciones telefónicas clave sobre su entorno. Según la fiscalía, ambos compartían al mismo contador, Gabriel Mizzau, imputado por lavado de dinero y encargado de manejar tanto las cuentas de Lindor Alvarado como las del propio magistrado.
A esto se suma el desvío de $1.000 millones de la Cooperativa Portuaria de San Lorenzo, que en 2023 autorizó girar fondos a una mutual manejada por su amigo Fernando Whpei en lugar de a una entidad bancaria regulada. Los estibadores denunciaron el evidente conflicto de intereses, pero Bailaque desoyó los pedidos de recusación y continuó en la causa. El vínculo con Whpei quedó aún más expuesto tras confirmarse que ambos viajaron juntos a Chile en abril de 2024. “Era una maniobra clara para beneficiar a su círculo íntimo”, sostuvo el fiscal Federico Reynares Solari.
Por otro lado, avanza una causa por presunta extorsión al empresario Claudio Iglesias, donde Bailaque —junto a exfuncionarios de la AFIP habría armado una denuncia anónima para presionarlo. El exfuncionario de AFIP,Carlos Vaudagna, hoy arrepentido, confesó que las maniobras se discutían en asados en el quincho del juez.
En una audiencia cargada de tensión, el juez federal Marcelo Bailaque rompió el silencio y negó de plano todas las acusaciones en su contra. “Jamás extorsioné a nadie”, sostuvo ante el tribunal, y rechazó los señalamientos que lo vinculan con el narcotraficante Esteban Alvarado, condenado a perpetua. “Lo procesé tres veces, no tengo vínculos con el narcotráfico”, argumentó el magistrado, quien además intentó despegarse de su relación con el contador Gabriel Mizzau, imputado por lavado y sindicado como nexo entre Bailaque y Alvarado, al afirmar que si bien fueron amigos de la secundaria, están distanciados desde hace tiempo por “cuestiones personales ajenas a esta causa”.
Sobre los polémicos encuentros en su quincho, donde según el arrepentido Carlos Vaudagna se habrían armado causas judiciales, Bailaque fue tajante: “Eran reuniones sociales, nunca se habló de expedientes”. También se refirió a la mutual vinculada a su amigo Fernando Whpei, donde terminaron girándose $1.000 millones desde la Cooperativa Portuaria de San Lorenzo, eludiendo el sistema bancario formal. “La elección de la mutual no fue mía”, aseguró, desestimando cualquier conflicto de intereses pese a que meses después compartió un viaje a Chile con Whpei.
En su extenso descargo, Bailaque apuntó que “nunca existió una vinculación directa ni indirecta con Alvarado ni con su entorno”, y subrayó que en las investigaciones que tramitó contra el narco “no hubo interferencias externas”, invitando a los funcionarios judiciales de entonces a dar testimonio de que el expediente “se llevó con total normalidad”. Respecto a las intervenciones telefónicas que no autorizó, explicó que “la gran mayoría fueron concedidas” y que en los casos rechazados “se argumentaron motivos y la fiscalía no apeló”.
En cuanto a los procesamientos dictados contra Alvarado, el juez remarcó que actuó con independencia y contundencia: “Lo procesé con prisión preventiva el 11 de diciembre de 2019, mucho antes de que actuaran los fiscales provinciales. También lo procesé por lavado el 29 de junio de 2022 y el 10 de junio de 2024. Cuando tuve elementos, resolví”.
Finalmente, Bailaque desmintió la acusación que lo señala como partícipe del armado de una causa para extorsionar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a partir de una denuncia anónima. Según declaró el arrepentido Carlos Vaudagna, esa maniobra se habría gestado junto al juez y su amigo Whpei. Bailaque lo negó de forma terminante y defendió la legalidad del procedimiento.
Pese a la gravedad de las imputaciones y la contundencia del fallo judicial, Marcelo Bailaque continúa en libertad. El motivo: su inmunidad de arresto por el cargo que ocupa como juez federal. En este contexto, el fiscal Diego Velasco solicitó formalmente al Consejo de la Magistratura que acelere la investigación por mal desempeño que ya se encuentra en trámite y que podría derivar en una suspensión o incluso en un juicio político. Si ese proceso prospera y se le quitan los fueros, la prisión preventiva por 90 días dictada por el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz podrá finalmente hacerse efectiva.
La resolución judicial dictada en Rosario constituye un claro llamado de atención al Consejo de la Magistratura, ya que el juez Da Cruz no solo dio la razón a la fiscalía, sino que subrayó la gravedad institucional del caso. “Los hechos imputados son múltiples, graves y afectan directamente la función judicial”, escribió en su fallo, donde remarcó que Bailaque enfrenta cargos por extorsión, prevaricato, falsedad ideológica y hasta allanamientos ilegales. También dejó asentado que “la investigación no puede seguir con el imputado en libertad”, por lo que remitió el caso al Consejo para que actúe con urgencia.
Por el momento, el impacto de la causa se traduce en el plano patrimonial, Bailaque tiene todas sus cuentas embargadas, prohibición de salir del país y una inhibición general de bienes por $1.500 millones. Pero su situación penal podría cambiar en cuestión de días si el Consejo de la Magistratura decide avanzar con la suspensión o remoción del magistrado.
