Algo en Común El diario de Rosario
En la reunión realizada este lunes 15 de abril, la comisión de Planeamiento y Urbanismo en la Sala de la Memoria del Anexo “Alfredo Palacios” con la presidencia de su titular, Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario.
Entre otros expedientes los ediles otorgaron despacho a una minuta de comunicación de la comisión en la que a partir de la audiencia que los integrantes de la misma mantuvieron la pasada semana con Lucas Priotti, en representación de propietarios del edificio de Balcarce 16, solicitan al Departamento Ejecutivo que informe respecto a emprendimientos constructivos en los que ha tenido participación la firma Altea SRL o el arquitecto Luis Alberto Luciani, sobre ampliación sin final de obra y/o registro de obras con transgresiones al Reglamento de Edificación y/o Código Urbano en trámite o aprobados; actas labradas, juzgadas o pendientes de juzgamiento y toda otra información que a criterio del Departamento Ejecutivo se considere relevante.
Precisó la edila María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, que recibió información sobre “otras situaciones en fideicomisos de este arquitecto”.
También se planteó remitir una nota a la Comisión Asesora de la Secretaría de Planeamiento, para que exprese opinión respecto a esta temática.
Por su parte quedó en estudio un mensaje del Departamento Ejecutivo con un convenio urbanístico productivo suscripto ad referéndum del Concejo Municipal con la firma Marcelo Trento SRL para suprimir un sector del trazado de la calle Saavedra.
Explicó el edil Fiatti que se plantea tal supresión “para que no tenga que desmantelar un galpón”.
El concejal Juan Monteverde, de Ciudad Futura, pidió se continuará analizando el expediente y marcó que “la tasación es de febrero de 2023” para plantear “algún tipo de actualización”.
Indicó el edil Fiatti que estaba establecido “el equivalente a 456 metros cuadrados de pavimento”.
También continuará en análisis un pedido para habilitación de un comercio en avenida Wilde 787 de venta por menor y por mayor de aves, elaboración de productos alimenticios y procesamiento de carne de aves.
Mencionó el edil Fiatti que “no hay denuncias por ruidos molestos” e indicó que averiguará “qué pasó con la excepción otorgada en 2019”.
Consignó, por su parte, el concejal Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, que “son todos establecimientos comerciales” los ubicados en el sector.
Recibió, en tanto, proveído favorable, y remitió a la comisión de Gobierno, un mensaje del Departamento Ejecutivo que otorga viabilidad patrimonial a la intervención edilicia realizada en el inmueble de bulevar Oroño 1368, con grado de protección directa 2 b, y propiedad del Fideicomiso Oroño.
Recordó el concejal Fiatti la existencia de un dictamen favorable del Programa de Preservación del Patrimonio.
Mientras que la concejala Gigliani solicitó “sanciones para los profesionales”, por lo que en el decreto se establece la remisión del expediente al Tribunal Municipal de Faltas.
Se otorgó, en otro orden, despacho a un mensaje del Ejecutivo municipal respecto a transgresiones al Reglamento de Edificación respecto a una propiedad de Cepeda 5372.
Quedó, en tanto, en estudio un mensaje del Departamento Ejecutivo respecto a transgresiones al Reglamento de Edificación en avenida Provincias Unidas 256.
Explicó el edil Fiatti que es un galpón que supera en 2,60 metros la altura permitida.
La concejala Gigliani preguntó “si no habría que pedir autorización a linderos”.
El concejal Fiatti, por su parte, afirmó que “no estoy de acuerdo”, pero sí se comprometió a consultar “si hay denuncias de vecinos”.
Igualmente proseguirá en análisis una solicitud de un particular respecto a la subdivisión de un inmueble en Garzón 2323.
Mencionó el concejal Fiatti que “la respuesta ideal es que fuera propiedad horizontal, pero dicen que es inviable por los costos” y precisó que es una propiedad en el fondo de la vivienda.
Se acordó el envío al Departamento Ejecutivo para que suministre mayor información.
El edil Manuel Sciutto, del bloque Socialista, cuestionó las excepciones en los casos de subdivisiones y consideró la “posibilidad de cambiar la normativa”.
Consignó el edil Blanco que “en estos casos los incluimos en el universo de excepciones”.
Ante ello la edila Gigliani dijo que “si esa es la argumentación” se preguntó “cuál es el lote mínimo digno”.
Otros expedientes
Continuarán en análisis un pedido de la firma BYR Comercial SA y una solicitud de ampliación sin final de obra del edificio de Urquiza 3231.
En el mismo sentido respecto a un pedido de reactivación de un expediente respecto a una construcción en bulevar Rondeau 1770.
Recordó el concejal Fiatti que en su momento no se lo había analizado, dado que se iba a abordar el proyecto sobre bulevar Rondeau, en su totalidad.
Se analizó posteriormente un proyecto de la edila Norma López, del bloque Justicialista, a quien acompaño su par de bancada, Julia Eva Irigoitia; Monteverde, Caren Tepp y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura, y los ex ediles Pedro Salinas, María Luz Ferradas y Silvana Teisa, por la que propicia modificar la ordenanza Nº 8.692 e incorporar en la Comisión de Evaluación de Proyectos Urbanos (Cepu) a la Dirección General de Tránsito y a la Dirección General de Técnica y Logística del Tránsito.
La edila Gigliani explicó la iniciativa y recordó el caso particular de una obra frente a un sanatorio que “causa trastornos en el transporte”.
El concejal Blanco estimó que “no es conveniente” y preguntó “si el informe es negativo no se hace la obra”.
La edila Gigliani consideró a “a lo mejor se puede hacer un cambio provisorio en el transporte”.
Insistió el concejal Blanco que “me resulta inconveniente e innecesario”.
En el mismo sentido se expresó el edil Carlos Cardozo, del Pro.
En una nueva intervención la concejala Gigliani, dijo que también podría ocurrir en un caso sobre carriles exclusivos; mientras que el edil Blanco, recordó que “existe hoy la obligación del inspector de tránsito”.
Acotó la edila Gigliani en “la mirada de Ingeniería de Tránsito”.
En tanto el concejal Blanco dijo que “por qué agregar un trámite más”.
El edil Monteverde estimó que “es un requisito más”.
Reiteró Gigliani que “se aporta esa mirada que haya una opinión más”.
El concejal Fiatti dijo que “prefiero más gente viviendo y nuevas actividades”.
Quedó igualmente en estudio de la concejala Marisol Bracco, de Volver a Rosario, junto a su par de bancada, Hernán Calatayud, y Blanco, un proyecto que establece que “todos los natatorios públicos deberán contar con un dispositivo de parada de emergencia del sistema de filtrado y recirculación del agua”.
Explicó el edil Blanco que lo que se plantea “es un botón de pare que corte toda la cuestión eléctrica, no sólo la del filtro. Que manualmente se pueda activar” y lo mencionó como “un elemento más de seguridad”.
Consideró el concejal Fiatti la necesidad de consultar a las direcciones de Obras Particulares y de Habilitaciones municipal.
También coincidió en la necesidad de consultar la opinión del Departamento Ejecutivo el concejal Monteverde.
También se analizó la convocatoria a una mesa de trabajo, propuesta por la edila Gigliani, respecto a la macro y micromedición de agua en edificios.
Mencionó la edila la necesidad de “generar una instancia de diálogo”.
El concejal Blanco se expresó a favor de la instalación de macromedidor, mientras que respecto a micromedidores consideró la obligación de Aguas Santafesinas de proveerlos, pero que el particular lo solicite.
Igualmente se consideró y continuará en estudio el proyecto de la concejala Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, a quien acompañaron sus pares de bancada, la titular del Concejo, María Eugenia Schmuck y Fiatti; Cardozo, del Pro, y Blanco, de Juntos por el Cambio, que modifica el artículo 5º de la ordenanza Nº 9.987, que permite la realización de un quincho o salón de uso común en la azotea de edificios.
Recordó el concejal Monteverde que “la primera vez que se votó era para democratizar los amenities”, pero que se tergiversó el espíritu al plantearse que era para edificios aún no construidos, “con lo cual se autoriza un piso más”.
Coincidió Monteverde en el proyecto de Amalevi de extenderlo a toda la ciudad la posibilidad y si planteó un plazo de 5 años desde la construcción del edificio.
Aseveró el edil Blanco que “el proyecto original era para todos los edificios y para toda la ciudad”.
Dijo que “son situaciones perpetuas. Un consorcio tiene el dinero y puede armar un quincho”, y enfatizó que “no afecta el perfil urbano ya que con el retranqueo no se observa desde la calle”.
Recibió, asimismo despacho del concejal Monteverde, junto a sus compañeros de bancada de Ciudad Futura, Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Julián Ferrero, un decreto que requiere al Departamento Ejecutivo sobre cada una de las faltas sancionadas según lo establecido en el título VI “Faltas en materia urbanística y obras”, capítulo I “Faltas urbanística” del Código de Convivencia Ciudadana, desde su entrada en vigencia.
Se consulta específicamente sobre el tipo de falta cometida; el mecanismo a través del cual se constató la falta y su fecha; radicación catastral de la parcela correspondiente a la falta; metros cuadrados de infracción en caso de corresponder; monto de la multa correspondiente y estado de cumplimiento del pago de la multa.
Participaron de la reunión de la comisión de Planeamiento su presidente, Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, su par de bancada, Nadia Amalevi; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Manuel Sciutto, del bloque Socialista; Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio; Carlos Cardozo, del Pro, y Juan Monteverde, de Ciudad Futura.
