Algo en Común El diario de Rosario
Expediente 274908 del concejal Leonardo Caruana. Aprobado por mayoría reglamentaria, con el voto negativo de los concejales Franco Volpe y Sabrina Prence.
El Concejo Municipal rechazó la auditoría impulsada por el gobierno de Javier Milei, señalando que persigue fines de ajuste y pone en riesgo derechos adquiridos. Se votó acompañamiento a quienes deban afrontar el proceso.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó por mayoría reglamentaria una declaración en la que expresó su “enérgica preocupación” por la decisión del Gobierno Nacional de auditar todas las pensiones no contributivas por discapacidad, otorgadas bajo la Ley N° 13.478 y el Decreto N° 432/97. La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei y, según el texto aprobado, tiene “claros objetivos de ajuste” que atentan contra los derechos de las personas con discapacidad.
El expediente, presentado por el concejal Lisandro Caruana, fue aprobado pese al voto negativo de los ediles Franco Volpe y Sabrina Prence, del bloque Vida y Libertad. La declaración remarca que esta auditoría evidencia un corrimiento del Estado en su responsabilidad de garantizar derechos, además de sembrar incertidumbre y generar barreras innecesarias para personas ya vulneradas.
Entre las preocupaciones planteadas se destacan la ausencia de criterios claros y comunicados, el riesgo de suspensión de pensiones por barreras burocráticas o económicas, y la falta de articulación con juntas evaluadoras locales, que ya cuentan con experiencia e idoneidad. También se advirtió que muchas personas ni siquiera fueron notificadas formalmente del proceso en curso.
A su vez, el Concejo aprobó un decreto que encomienda al Ejecutivo municipal brindar asesoramiento y acompañamiento gratuito a quienes sean alcanzados por la auditoría. El dispositivo estará disponible para toda persona residente en Rosario que lo necesite, sin importar si utiliza o no el sistema de salud municipal. La medida busca garantizar que nadie pierda su pensión por no poder reunir la documentación exigida a tiempo o acceder a turnos médicos.
La iniciativa fue impulsada por los concejales Lucas Raspall, Fabrizio Fiatti, Alicia Pino, Verónica Irizar y la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck.
“Estamos hablando de derechos básicos de personas con discapacidad. El Estado debe acompañar, no ponerles más trabas”, afirmaron desde el recinto, dejando en claro que la ciudad no permanecerá indiferente ante un recorte que puede tener consecuencias graves en la vida cotidiana de miles de personas.
D E C L A R A C I Ó N
El Concejo Municipal de Rosario expresa su enérgica preocupación ante la decisión arbitraria del Gobierno Nacional del presidente Javier Milei de realizar una auditoría general de todas las Pensiones No Contributivas de la Ley N° 13.478 y Decreto N° 432/97 que persigue claros objetivos de ajuste del gasto público como parte de una estrategia de corrimiento de la responsabilidad estatal en la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Los hechos expresados anteriormente expresan:
* Desconocimiento de las normativas vigentes, incluso la Constitución Nacional respecto a los Derechos de las Personas con Discapacidad y las consecuentes responsabilidades del Estado.
* Desconocimientos de los criterios clasificatorios y procedimientos a aplicar por la auditoria que deberían haber sido comunicados a las autoridades de salud provinciales y municipales, ya que de tratarse de las variables habituales, definidas de manera acorde a las normativas aún vigentes, implicaría que el proceso de relevamiento y corrección pudiera implementarse de manera virtual a partir de las bases de datos oficiales donde obran las certificaciones realizadas tanto como CUD o como CMO. Estas bases no están conectadas, además utilizan diferentes criterios clasificatorios indicando un problema pendiente de resolución que requeriría de normativas de orden nacional para que la condición psicosocial sea considerada en ambas certificaciones y no a la inversa.
* La disponibilidad urgente de esta información de carácter técnico permitirá verificar los instrumentos de auditoría que responden al baremo rechazado tanto por profesionales, expertos en derechos humanos y organizaciones de personas con discapacidad por su carácter anticonstitucional e injusto.
* Angustia y esfuerzos innecesarios frente al riesgo de suspensión de derechos a quienes no puedan cumplir con los procedimientos y plazos establecidos por barreras económicas, administrativas de acceso a los turnos de interconsultas y estudios en tiempo y forma o geográficas respecto a distancia entre la vivienda y los servicios donde deben realizar dichas tramitaciones, sin contar con la preocupación de aquellos que no han recibido notificación fehaciente aún tal vez porque han cambiado de domicilio, no utilizan medios virtuales y tal vez habiten en sectores de la ciudad a los que ni el correo accede.
* Negación y desvalorización de la existencia de una red de Juntas Evaluadoras de Discapacidad en la Provincia de Santa Fe de alta idoneidad y rigurosidad cuya práctica se pone en duda a través de las noticias y declaraciones que hablan de pensiones mal otorgadas.
* Ausencia de información pública y a las autoridades provinciales y locales del listado de las personas residentes en el territorio cuyos certificados serán evaluados.
* Necesidad de ampliar y socializar información que tranquilice a titulares, familiares y prestadores dada la discordancia en los plazos para la temida suspensión del derecho y la posibilidad concreta de realizar todas las evaluaciones y estudio, ya que de hecho el efecto de la carta alerta sobre una inminente saturación de la oferta pública y privada y el riesgo de suspensión de los pagos directos para personas actualmente institucionalizadas.
