Algo en Común El diario de Rosario
La comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal de Rosario comenzó a discutir el proyecto del intendente para adherir a la ley provincial 14.486, que prohíbe la actividad de cuidacoches sin autorización. Mientras Unidos por Rosario sostiene que el debate puede avanzar sin la reglamentación de la norma, el peronismo y Ciudad Futura cuestionan los tiempos del tratamiento. Mientras que La Libertad Avanza responsabiliza al oficialismo por las demoras. El proyecto contempla multas, decomisos y medidas de inclusión social, en una discusión que promete extenderse.
La problemática de los cuidacoches volvió a instalarse en el centro de la discusión política de Rosario, esta vez con los primeros posicionamientos en la comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal. El debate se inició a partir del mensaje 91/26 enviado por la Intendencia, que propone adherir a la ley provincial 14.486, que prohíbe la actividad de cuidacoches sin autorización.
Sin embargo, detrás de la discusión sobre la regulación del espacio público también quedaron expuestas las diferencias entre los bloques políticos, tanto por el alcance de la iniciativa como por los tiempos elegidos para debatirla. La cuestión no es menor, el Concejo deberá discutir cómo aplicar una prohibición que involucra la convivencia urbana, la seguridad, las posibles situaciones de extorsión y la realidad social de quienes encuentran en esta actividad una fuente de ingresos.
Durante la reunión, los bloques Peronista y Ciudad Futura consideraron inoportuna la intención de convocar durante esta semana a una reunión conjunta con las comisiones de Gobierno y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entre sus argumentos, señalaron que existen otros expedientes relevantes en tratamiento, como la habilitación de las aplicaciones de transporte de pasajeros, y remarcaron que la ley provincial todavía no fue reglamentada, una cuestión que consideran central para determinar su aplicación.
Por su parte, La Libertad Avanza responsabilizó al interbloque Unidos por Rosario por las demoras en la discusión. Desde ese espacio sostuvieron que el oficialismo había dilatado el tratamiento mediante la realización de mesas de trabajo sobre cuidacoches, a la espera de la sanción de la ley provincial.
En cambio, desde Unidos por Rosario defendieron la posibilidad de comenzar a analizar el mensaje de la Intendencia sin esperar la reglamentación, al considerar que existen numerosos aspectos de la iniciativa que pueden discutirse desde ahora.
Ante estas diferencias, la presidenta de la comisión de Obras Públicas, Sabrina Prence, de Nación y Libertad, propuso trasladar a la reunión de Labor Parlamentaria la decisión sobre la convocatoria conjunta. Además, anticipó que se tratará de una discusión prolongada, al advertir que “va a llevar mucho tiempo de discusión”.
Qué propone el proyecto de la intendencia
El mensaje 91/26 plantea la adhesión municipal a la ley provincial 14.486 y alcanza distintas modalidades de actividad vinculadas con el estacionamiento de vehículos en la vía pública.
En concreto, la iniciativa contempla el ofrecimiento de espacios para estacionar y las tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica o beneficio, sea voluntario o no.
Asimismo, el proyecto faculta al Departamento Ejecutivo municipal a establecer excepciones en determinados sectores y circunstancias. Este punto abre otro frente de discusión: cuáles serían las situaciones contempladas, bajo qué criterios se definirían y qué autoridad tendría la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la norma.
La propuesta también incluye modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana, con un esquema de sanciones que contempla multas, tareas educativas y concientizadoras y decomiso de elementos. Las penalidades podrían agravarse cuando existan situaciones de violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolle en zonas específicas o cuando se identifique a personas que organicen estas prácticas.
Desde una mirada política, el debate sobre los cuidacoches no debería reducirse exclusivamente a una discusión entre quienes reclaman prohibiciones más estrictas y quienes cuestionan su aplicación inmediata. El problema exige respuestas concretas en materia de seguridad, convivencia urbana y oportunidades laborales.
Es evidente que las amenazas, las exigencias de dinero y cualquier forma de intimidación a los automovilistas deben ser abordadas por las autoridades. Ningún vecino debería sentirse obligado a pagar para estacionar en la calle. Sin embargo, también es necesario distinguir las situaciones delictivas de la realidad social de quienes realizan estas tareas para obtener ingresos en un contexto económico complejo.
En ese sentido, el propio proyecto municipal incorpora herramientas de prevención e inclusión social que, de concretarse, deberán traducirse en políticas efectivas. La propuesta prevé coordinar acciones con el Gobierno provincial para impulsar la reconversión laboral, la capacitación en oficios, el acceso a programas de empleo y el acompañamiento a emprendimientos productivos.
También contempla facilitar la terminalidad educativa y el acceso a dispositivos de atención de la salud mental y de los consumos problemáticos.
Ahora bien, la pregunta política es si esas herramientas tendrán presupuesto, continuidad y capacidad suficiente para ofrecer alternativas reales. Porque una prohibición puede establecer un límite legal, pero no resuelve por sí sola las condiciones sociales que llevan a una persona a depender de esa actividad.
Por lo tanto, el desafío para el municipio será evitar que la política de control quede reducida a operativos y sanciones sin una estrategia complementaria de inclusión. Del mismo modo, los bloques que cuestionan el tratamiento o reclaman mayores precisiones deberán contribuir a una discusión que permita dar respuestas a los vecinos.
Una discusión que recién empieza
La comisión de Obras Públicas dejó en claro que no existe todavía un consenso político sobre los tiempos y las condiciones del debate. La decisión de convocar a otras comisiones y la falta de reglamentación de la ley provincial aparecen como puntos centrales de una discusión que continuará en el Concejo.
Rosario necesita reglas claras para el uso del espacio público, mecanismos eficaces frente a las amenazas y una política social que no se limite a desplazar el problema de una cuadra a otra. La discusión legislativa deberá determinar cómo se aplicará la norma, qué excepciones se admitirán y de qué manera se garantizarán tanto la seguridad de los vecinos como las alternativas para quienes deban reconvertir su actividad.
En definitiva, el debate sobre los cuidacoches vuelve a poner a prueba la capacidad del Concejo y del Ejecutivo municipal para construir una respuesta integral. La prohibición es el punto de partida de la iniciativa, pero la eficacia de la política pública se medirá por sus resultados concretos en las calles de Rosario.
