La Cámara Alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad, que busca transformar en permanente el régimen de emergencia que vence en diciembre. La iniciativa contempla pensiones, compatibilidad con el empleo formal, actualización de aranceles, cobertura médica y pago de deudas a prestadores. También se debatirán el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la Ley de Tierras y la Ley Joaquín.
El Senado de la Nación realizará este jueves una sesión en la que la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad ocupará el centro del debate parlamentario. La iniciativa apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios establecidos por la emergencia vigente, que vence a fines de diciembre, y convertirlos en un régimen permanente.
El proyecto cuenta con el respaldo de los distintos bloques políticos, según el consenso alcanzado para sostener los principales puntos de la legislación vigente. De esta manera, el Congreso deberá definir si las políticas de protección destinadas a las personas con discapacidad tendrán continuidad como una obligación permanente del Estado, más allá de los cambios de gobierno.
La convocatoria está prevista para las 11 y el temario fue analizado este miércoles por la tarde durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.
La discusión legislativa se produce en un contexto de preocupación por la situación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios, que vienen reclamando previsibilidad económica, actualización de aranceles y regularización de las deudas acumuladas.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, reproduce prácticamente el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
El objetivo es que las disposiciones de protección se conviertan en una norma permanente y de orden público, de manera que su continuidad no dependa de decisiones circunstanciales de cada administración.
Uno de los puntos centrales establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Esta disposición busca evitar que una persona pierda automáticamente su pensión por acceder a un trabajo registrado o intentar incorporarse al mercado laboral, siempre que respete los límites de ingresos establecidos.
Otro de los aspectos fundamentales de la iniciativa es el mantenimiento del nomenclador único de prestaciones, que establece criterios comunes para los valores de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
Además, contempla la actualización automática y periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La propuesta también garantiza la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión no contributiva por discapacidad.
En materia presupuestaria, establece que la asignación destinada al área del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
La actualización de los aranceles y la previsibilidad presupuestaria son dos reclamos centrales de los prestadores, que necesitan contar con recursos suficientes para sostener servicios, equipos profesionales, centros de atención y tratamientos.
El proyecto incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar las condiciones de acceso y permanencia en los beneficios.
Para ello, establece el cruce de información entre distintos organismos públicos, entre ellos la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El mecanismo deberá funcionar bajo el principio del debido proceso inclusivo, contemplando las garantías correspondientes para las personas alcanzadas por los controles.
La implementación de auditorías deberá compatibilizar la transparencia en la administración de los recursos públicos con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, evitando que los procedimientos administrativos se conviertan en obstáculos para acceder a las prestaciones.
Deudas con prestadores y reglamentación de la ley
A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema.
Además, el texto fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma una vez sancionada.
Este punto resulta especialmente relevante para las instituciones y profesionales que sostienen diariamente la atención, rehabilitación, acompañamiento y asistencia de las personas con discapacidad.
La aprobación de una ley no resolverá por sí sola los problemas del sector si no está acompañada por el cumplimiento efectivo de los pagos, la actualización de los valores y la asignación de los recursos necesarios.
Otros temas en la agenda del Senado
Además de la Ley de Discapacidad, la sesión incluirá otros proyectos de importancia legislativa.
Entre ellos se encuentra la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, iniciativas vinculadas con la propiedad privada y el restablecimiento de la Ley de Tierras, además de la denominada Ley Joaquín.
De esta manera, el Senado tendrá una jornada con una agenda que combina cuestiones institucionales, económicas y sociales, aunque la definición sobre el régimen permanente de discapacidad concentrará buena parte de la atención parlamentaria.
La votación permitirá determinar si el Congreso transforma en una política de carácter permanente las herramientas de protección que hasta ahora dependen de un régimen de emergencia. Para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, la discusión no se limita a una cuestión legislativa: involucra la continuidad de tratamientos, ingresos, cobertura médica y derechos fundamentales.
Algo en Común El diario de Rosario