Algo en Común El diario de Rosario
Instituciones del sector cuestionaron la medida del Gobierno nacional y advirtieron sobre una situación “terminal” por falta de pagos, desactualización de aranceles y riesgo en la continuidad de las prestaciones.
En un contexto de creciente tensión, instituciones que trabajan con personas con discapacidad salieron al cruce del reciente aumento del 2,90% dispuesto por el Gobierno nacional en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral. Sin embargo, lejos de llevar alivio, desde el sector calificaron la medida como “insuficiente” y denunciaron un atraso acumulado cercano al 50%, lo que profundiza una crisis que ya describen como estructural.
En este marco, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) expresó su preocupación y encendió señales de alarma. Su presidenta, Mariel Chapero, sostuvo que el incremento “no resuelve una dificultad enorme”, y remarcó que el problema de fondo radica en la falta de actualización real de los aranceles.
Asimismo, advirtió que la medida oficial no contempla las particularidades de cada prestación, ya que se trata de un aumento uniforme que no distingue entre los distintos servicios.
Por otra parte, el reclamo no se limita únicamente a los porcentajes. Desde hace tiempo, Apridis junto a otros colectivos vienen denunciando una crisis profunda marcada por la interrupción en la cadena de pagos.
En ese sentido, Chapero fue contundente: “Hay espacios que hace tres o cuatro meses no cobran por prestaciones realizadas en 2025”, señaló, poniendo en evidencia un escenario de extrema fragilidad financiera.
Además, el incremento anunciado se suma a una suba previa del 5,78% en febrero, aunque desde el sector sostienen que estos ajustes quedan muy por detrás de la inflación y de los costos reales de funcionamiento.
Por consiguiente, las instituciones advierten que la situación se vuelve insostenible y amenaza directamente la continuidad de los servicios.
En efecto, la falta de recursos impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano. “Esto nos pone, a principios de abril, en una situación de no poder cumplir con los compromisos con los trabajadores, los alquileres y otros gastos esenciales”, explicó la titular de Apridis.
De este modo, se configura una cadena de incumplimientos que no solo afecta a las instituciones, sino también a los trabajadores y, fundamentalmente, a las personas con discapacidad que dependen de estos servicios.
En este contexto, desde el sector lanzaron una advertencia que resume la gravedad del momento: “Si el Estado no paga, se cae toda la cadena de compromisos con trabajadores y usuarios”. Así, el conflicto escala y vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de un sistema clave que, según denuncian, se encuentra al borde del colapso.
