Algo en Común El diario de Rosario
La Cámara baja dio media sanción, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, al proyecto que modifica la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, busca consolidar la independencia funcional y financiera de la autoridad monetaria, prohibir el financiamiento al Estado y establecer como misión central la preservación del valor de la moneda. Ahora, la discusión pasará al Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y le dio media sanción a una de las iniciativas centrales del programa económico e institucional del gobierno de Javier Milei.
La votación terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, por lo que el proyecto será girado al Senado, donde deberá conseguir una nueva aprobación para convertirse en ley.
De esta manera, el oficialismo logró avanzar con una reforma que apunta a modificar de manera profunda el funcionamiento y los objetivos del Banco Central. Según los fundamentos enviados por el Poder Ejecutivo, la iniciativa busca garantizar su independencia funcional y financiera, establecer la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y eliminar definitivamente los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.
Desde La Libertad Avanza defendieron el proyecto como un cambio estructural destinado a impedir que futuros gobiernos puedan utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal.
El diputado Santiago Pauli sostuvo que la reforma busca que la entidad “vuelva a defender el valor del peso argentino y que sea el guardián” de la moneda.
En ese sentido, remarcó que la discusión trasciende al propio funcionamiento del organismo. “Cuando hablamos de reformar la Carta Orgánica no sólo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, estamos hablando del valor del trabajo de los argentinos, el valor de nuestro sueldo, nuestros ahorros y nuestra capacidad de planificar”, afirmó.
Además, Pauli cuestionó la utilización histórica de la autoridad monetaria para financiar al Tesoro. “Cada vez que al Estado no le alcanzaban los recursos se metía mano al Banco Central. Cada vez que había déficit por una mala gestión, se metía mano al Banco Central. Las consecuencias de esto han sido y son la inflación”, planteó.
Por su parte, la diputada Sabrina Ajmechet calificó la iniciativa como “una ley fundamental y extraordinaria, de un gobierno limitándose a sí mismo”, mientras que Diego Hartfield consideró que se trata de una norma que “viene a cambiar la historia”.
También Juliana Santillán sostuvo que el proyecto busca convertir en una política de Estado el rumbo monetario adoptado por la gestión de Milei desde el inicio de su gobierno. “Es blindaje institucional: se van a prohibir de manera absoluta los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario, para que ningún gobierno futuro, sea del signo que sea, pueda volver a usar al Banco Central como si fuera un cajero automático del Tesoro”, argumentó.
Los cinco cambios centrales de la reforma
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra el establecimiento de un mandato único para el Banco Central: preservar el valor de la moneda.
Así, la reforma elimina los objetivos múltiples incorporados en la modificación de 2012, entre ellos el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo.
Además, el proyecto establece una prohibición absoluta de financiar al Estado, tanto al Tesoro Nacional como a las provincias y municipios, y también restringe la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
Otro de los cambios apunta a reforzar la estabilidad de las autoridades del Banco Central. La remoción del presidente y de los integrantes del Directorio requerirá una mayoría agravada de dos tercios en el Congreso.
Asimismo, la iniciativa restringe el giro de utilidades derivadas de ganancias contables y establece nuevas reglas para el destino de los resultados operativos de la entidad.
Finalmente, la reforma propone eliminar determinados mecanismos de deuda interna vinculados con el uso de reservas internacionales y las denominadas letras intransferibles.
La oposición cuestionó el “blindaje” de la política monetaria
Sin embargo, el proyecto generó fuertes críticas desde distintos bloques opositores.
El diputado Itai Hagman, de Unión por la Patria, rechazó la iniciativa al considerar que “le sacan funciones al Banco Central para blindar la política monetaria”.
Según planteó, la reforma limita la capacidad del Estado para intervenir frente a situaciones de crisis. “Se le quitan instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver los problemas que hay en el país”, sostuvo.
Más tarde, el legislador profundizó sus críticas y advirtió que la discusión debería concentrarse en la situación de la economía real. “Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país”, señaló.
En tanto, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, reconoció como un acierto la interrupción del financiamiento monetario, aunque planteó reparos sobre el alcance de la reforma. “Compartimos el objetivo de la estabilidad de precios como prioritario, pero no excluyente”, sostuvo, y remarcó que la estabilidad monetaria debe contemplar también la estabilidad sistémica del sistema financiero.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro también manifestó observaciones. Si bien reconoció que se trata de una reforma de gran envergadura, cuestionó la idea de establecer un mandato estrictamente único y propuso, en cambio, un sistema de objetivos múltiples pero jerarquizados.
A su vez, el diputado Eduardo Falcone, del MID, acompañó la orientación general de la iniciativa y coincidió con la necesidad de garantizar la independencia del Banco Central y evitar el financiamiento al Tesoro. No obstante, propuso una mayor representación federal en la composición de su Directorio.
La diputada Romina del Plá, del Frente de Izquierda, fue aún más crítica y aseguró que se trata de “la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que pide el FMI”.
Por su parte, Martín Lousteau adelantó que varios integrantes de su espacio optarían por la abstención y cuestionó que el oficialismo utilice la reforma como parte de una “batalla cultural”.
Desde el PRO, en cambio, Daiana Fernández Molero defendió el proyecto y aseguró que la sesión representaba un momento fundamental para el futuro del país.
Una batalla política por el control del dinero
Más allá de los aspectos técnicos, el debate dejó expuesta una discusión política de fondo: qué tipo de Banco Central debe tener la Argentina y hasta dónde debe llegar su intervención en la economía.
Para el gobierno de Milei, la respuesta es clara: un Banco Central independiente, con un objetivo concentrado en la estabilidad de la moneda y sin posibilidad de financiar al poder político.
Para la oposición, en cambio, el riesgo está en transformar esa independencia en una restricción permanente sobre las herramientas del Estado para intervenir frente a crisis económicas, financieras o productivas.
Así, con la media sanción obtenida en Diputados, el Gobierno dio un nuevo paso en su intento de institucionalizar su programa económico y dejar establecidos límites que trasciendan a la actual administración.
Ahora, la definición pasará al Senado. Allí se jugará una nueva batalla política y parlamentaria, en la que el oficialismo buscará convertir en ley uno de los pilares de la arquitectura económica que Javier Milei pretende dejar como legado: un Banco Central con mayor independencia y un Estado definitivamente alejado de la emisión para financiar su gasto.
INOCENCIA FISCAL II
Por otra parte, obtuvo media sanción la iniciativa vinculada a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y en materia de prescripción tributaria y referente al Régimen Sancionatorio. La norma, conocida como Inocencia Fiscal II, se aprobó por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones y será girada al Senado de la Nación.
En defensa del dictamen del oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) sostuvo que «esta ley, lo que hace es una cuestión muy sencilla, que es confiar más en el contribuyente que trabaja, que paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, durante las épocas donde no se podía ahorrar en este país, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad».
En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) opinó que “es un proyecto que plantea un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF (Unidad de Información Financiera) para que modifique la normativa de manejo del lavado de activos”.
La diputada Mariela Coletta, del bloque de Provincias Unidas, argumentó el dictamen de rechazo “por razones que son técnicas, políticas y, en gran medida, por razones morales”. “Está claro que los beneficiados de este proyecto son los sectores que planifican la evasión, los sectores que defienden la fuga de capitales y que no creen para nada en la redistribución de la riqueza”, aseveró.
En representación de la bancada de izquierda, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) manifestó que este proyecto, que se ha denominado Inocencia Fiscal II, “premia a los evasores, a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad”.
