Algo en Común El diario de Rosario
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la demolición de un inmueble en la zona sur de Rosario, señalado como foco de violencia y actividades ilegales. El Gobierno provincial remarcó que se trata de recuperar el territorio para los vecinos y avanzar en la lucha contra el narcotráfico.
El Gobierno de Santa Fe avanza en su política de fortalecimiento de la seguridad y de prevención del delito. En este marco, este viernes se llevó adelante el derribo de un inmueble en barrio Saladillo de Rosario, identificado como un espacio vinculado a hechos violentos y actividades ilícitas.
La intervención se realizó en calle Fonseca al 5600 y fue encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, quienes supervisaron los trabajos a cargo de personal y maquinaria del municipio.
En declaraciones a la prensa, Scaglia remarcó: “Estamos recobrando niveles de seguridad y paz en la provincia de Santa Fe, pero todavía queda mucho por hacer. Hoy Rosario es otra ciudad, pero tenemos que seguir profundizando y trabajando en esta dirección”. Además, subrayó que este tipo de acciones responden a la demanda de los vecinos: “Cuando en un barrio te dicen que hay un lugar que genera disturbios, la política provincial tiene que actuar. La Ley de Microtráfico nos permite hacerlo y lo estamos haciendo”.
Por su parte, Cococcioni explicó que el inmueble derribado era de propiedad municipal, lo que facilitó su inactivación sin necesidad de autorización judicial. En ese sentido, detalló que el lugar había funcionado como una vecinal, pero con el tiempo fue apropiado de manera ilegal y se convirtió en un foco de inseguridad: “Hace poco más de dos semanas en este mismo lugar hubo un homicidio”, advirtió.
El ministro recordó que en los 20 meses de vigencia de la Ley de Microtráfico ya se realizaron 70 inactivaciones de puntos de venta de estupefacientes en la provincia, de los cuales 50 fueron en Rosario. “Son lugares donde parecía que el Estado no podía entrar y donde mandaban los narcotraficantes. Es territorio que se recupera para los vecinos, que ya no tienen que pedir permiso para vivir en paz”, destacó.
Finalmente, el secretario Diego Herrera agregó que la intención del municipio no solo es derribar estructuras peligrosas, sino también reconvertir esos espacios en lugares seguros y con utilidad social: “Este inmueble había dejado de cumplir una función comunitaria hace muchos años y se transformó en un lugar inseguro para los vecinos. Ahora trabajaremos para mejorar el espacio público”.
Con estas acciones, el Gobierno provincial busca enviar una señal clara de presencia estatal en los barrios más afectados por la violencia, al mismo tiempo que se avanza en la recuperación de territorios que habían quedado bajo control de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
