Algo en Común El diario de Rosario
Instituciones santafesinas advirtieron sobre la falta de notificaciones, la arbitrariedad en las auditorías de pensiones y el desfinanciamiento del sector. En el Concejo se presentaron proyectos legislativos y se pidió la interpelación urgente de las autoridades nacionales.
En un encuentro de alto voltaje político y social, representantes de asociaciones vinculadas a la discapacidad en la provincia de Santa Fe denunciaron públicamente graves irregularidades en las auditorías de pensiones no contributivas llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La acusación principal apunta a un recorte encubierto por parte del Estado nacional, que deja en vilo a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La reunión fue encabezada por el defensor del Pueblo de la provincia, Gabriel Savino, y contó con la participación del senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia. También asistieron referentes de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), entre ellos su presidenta, Mariel Chapero, y su vicepresidente, Luciano Urrutia.
Durante la conferencia, Lewandowski presentó dos proyectos de ley: uno para la creación de una Comisión Permanente de Discapacidad en el Senado de la Nación, y otro que exige la interpelación del ministro de Salud, Mario Lugones, y del director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, a fin de que brinden explicaciones sobre los criterios y objetivos de las auditorías vigentes.
“Estamos ante una situación de crueldad institucional. Obligar a personas con síndrome de Down a demostrar su discapacidad, o exigir documentación a beneficiarios que ni siquiera fueron notificados, es una práctica indigna”, sostuvo el legislador nacional.
En esa línea, Luciano Urrutia señaló que en Santa Fe existen más de 70.000 personas que reciben pensiones por incapacidad laboral, pero menos de la mitad logró presentar la documentación requerida, debido a la falta de información oficial y la nula respuesta a los pedidos de acceso al padrón de beneficiarios.
“Detectamos una clara intención de aplicar un ajuste sin asumirlo públicamente, disfrazado de auditoría. La Defensoría nos asistió con recursos e información, pero no hemos recibido explicaciones de Nación”, advirtió.
Por otra parte, también se denunció el desfinanciamiento progresivo del sistema, con aranceles congelados desde diciembre de 2024 y retrasos en los pagos de hasta cinco meses, lo que compromete gravemente el funcionamiento de instituciones y servicios esenciales para las personas con discapacidad.
Lewandowski fue contundente al afirmar que “la discapacidad no es solo una cuestión de salud ni de educación: atraviesa múltiples dimensiones de la vida y por eso requiere un abordaje parlamentario integral y sostenido”.
Desde el ámbito legislativo, se exigió dar estado parlamentario a todas estas demandas, y avanzar en mecanismos de control y protección frente a decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo. “No podemos permitir que se retroceda décadas en derechos conquistados”, concluyó el senador.
El encuentro dejó en evidencia el creciente clima de incertidumbre que afecta a miles de familias en todo el país. Mientras las autoridades nacionales guardan silencio, desde Santa Fe se eleva una alarma institucional y política que busca frenar lo que muchos ya describen como una crisis humanitaria silenciosa.
