Algo en Común El diario de Rosario
Durante una jornada conmemorativa en el sitio donde fueron hallados restos de personas desaparecidas, el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, destacó el trabajo articulado con organismos y familiares. El gobierno provincial avanza en nuevas búsquedas con tecnología de punta.
A quince años del hallazgo de la fosa clandestina en Campo San Pedro, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe renovó su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La jornada conmemorativa se desarrolló este lunes en el predio ubicado en Campo Andino, y contó con la participación del secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, referentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
Durante el acto, Jatón remarcó la importancia de sostener el trabajo territorial en el sitio y de profundizar las investigaciones con nuevas herramientas. Actualmente, se están llevando adelante tareas de exploración con georadares en distintos sectores del predio, con el objetivo de detectar irregularidades en el subsuelo que permitan continuar con la búsqueda de personas desaparecidas.
En ese marco, el funcionario destacó que “hace tres meses comenzamos un trabajo técnico-científico, utilizando tecnología de punta para analizar qué ocurrió bajo tierra. En pocos días tendremos resultados sobre la casona del predio y, a partir de allí, evaluaremos extender el trabajo al resto del campo”.
Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto con organizaciones sociales, voluntarios y familiares, que desde hace años sostienen la lucha por la memoria. “Estas acciones se realizan con recursos técnicos, humanos y económicos del Estado provincial. Campo San Pedro es un espacio de memoria que nos interpela y nos compromete”, afirmó Jatón.
Campo San Pedro es una extensión de 2.100 hectáreas —de las cuales 800 son tierra firme— que fue expropiada por el Estado nacional en 1942 y cedida al Ejército Argentino. Entre 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico-militar, fue utilizado como centro clandestino de exterminio y enterramientos ilegales. El lugar formó parte del circuito represivo que operaba en el marco del terrorismo de Estado.
La búsqueda en el predio comenzó en 2006, impulsada por organismos de derechos humanos. Un año más tarde, en 2007, se presentó una denuncia judicial, y en junio de 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló una fosa común. Allí fueron recuperados los restos de ocho personas desaparecidas en Rosario en 1977.
Las autopsias determinaron que siete de los cuerpos presentaban impactos de bala, con proyectiles de pistola 9 mm alojados en sus cráneos. Estaban desnudos, cubiertos con cal y arrojados en una fosa. Hasta el momento, seis víctimas fueron identificadas: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, Carlos Bosso, María Isabel Salinas, Oscar Winkelman y Miguel Ángel D’Andrea. Los otros dos cuerpos aún no han podido ser identificados por falta de registros genéticos compatibles.
Durante la jornada, se escucharon emotivos testimonios de familiares de víctimas. Liliana Salinas, hermana de María Isabel, destacó el valor de las acciones que mantiene viva la memoria de su hermana: “Mi madre murió sin saber qué pasó, siempre la esperó. Recuperar su cuerpo y su historia me reconfortó profundamente”.
Luego, agregó: “Mari era sencilla, muy inteligente. Fue la primera de nuestra familia en ir a la facultad. Trabajaba en los barrios, dando apoyo escolar y luchando por quienes menos tenían. Eso era mi hermana”.
Por su parte, Hugo Kofman, referente del Foro Contra la Impunidad, celebró la continuidad del trabajo estatal en el sitio: “Valoramos la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de seguir adelante con una política firme. Trabajamos con voluntarios, muchos de ellos jóvenes de Laguna Paiva, y eso nos llena de esperanza”.
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ratificó que continuará desarrollando políticas públicas en articulación con las organizaciones de la sociedad civil para mantener vigente la memoria histórica, garantizar justicia y acompañar a los familiares de víctimas.
A 15 años del hallazgo de la fosa, Campo San Pedro no solo es un lugar de memoria, sino también un espacio de investigación activa, lucha colectiva y profunda humanidad. La búsqueda continúa, con la convicción de que el derecho a la verdad y a la justicia es inalienable y permanente.
