El Gobierno nacional y porteño vuelven a reunirse por el traspaso de los colectivos

Ambos gobiernos tendrán un cónclave el jueves próximo en el marco del diálogo para avanzar en el traspaso al ámbito porteño del transporte automotor de pasajeros, que incluirá también a autoridades bonaerenses.

Se trata de la discusión por el futuro de la administración de 32 líneas de colectivos con origen y destino dentro del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que incluye la fijación de tarifas y las eventuales asignaciones de subsidios, que en la actualidad están a cargo del Estado nacional.

A partir de hoy, las unidades de coordinación comenzarán a trabajar para analizar distintos aspectos sobre la gestión del sistema y la reducción de subsidios de la Nación hacia la comuna “en búsqueda de una mayor equidad federal”, según expresó el secretario de Transporte, Diego Giuliano, al término del primer encuentro realizado la semana pasada.

Las unidades trabajarán los aspectos jurídicos y económicos, por un lado; y lo institucional, por el otro, que abarca la cuestión específica técnica para el cumplimiento de una legislación nacional que data de hace varios años y que ahora debe completarse.

El artículo 2 de la ley 26.740, sancionada en 2012, ratifica la transferencia a la ciudad de Buenos Aires de los Servicios de Transporte de Pasajeros, Subterráneo y Premetro cuya prestación corresponda a su territorio exclusivamente, y cuyo traspaso no se realizó de forma íntegra.

En 2019, del total de subsidios al transporte público de pasajeros de la Ciudad, el gobierno porteño absorbía el 81% y el nacional el 19%.

Desde 2020, cuando empieza a funcionar el Fondo Compensador, la Ciudad financia el 51% y Nación el 49%.

En el mismo 2020, la provincia de Buenos Aires comenzó a financiar el 91% de su sistema del transporte automotor y la Nación el 9%.

El Gobierno nacional ya avanzó en la firma del Fondo Compensador para enero, febrero y marzo 2022 con cuatro provincias: Catamarca, Buenos Aires, Tucumán y Chubut, ratificando la política pública que tiene como eje el federalismo y el reparto equitativo en la distribución de los recursos a todas las provincias del interior del país con el objetivo de garantizar un transporte público eficiente y de calidad.