Algo en Común El diario de Rosario
De los siete policías que estuvieron detenidos hasta la audiencia imputativa, cinco recuperaron la libertad, mientras que una suboficial se encuentra prófuga. Solo dos quedaran en prisión efectiva hasta el 26 de abril.
Mientras el gobierno provincial ha hecho una importante inversión en cuanto al equipamiento policial requerida por la ciudadanía a través de sus impuestos para tener mejor seguridad en las calles, con móviles inteligentes que permite estar conectado con el Ojo para que la información pueda ser mucha más efectiva. Sin embargo volvemos a viejas prácticas que en el cuerpo policial debería ser desterrada y tendría que estar mejor capacitada a la hora de realizar un procedimiento de rutina.
Hoy vecinos denuncian que los móviles son utilizados para proteger a bunker y juego clandestino que existen en barrios de la ciudad, y amedrentar a jóvenes que se reúnen en una esquina o plaza como el sucedido el viernes pasado en zona oeste cuando un grupo de jóvenes decidieron ir a comer al carrito apostado en Las Cuatro Plazas, zona conocida por ser el centro de los motochorros que operan en esa zona tanto en horario escolar como a la noche.
En este caso, sucedió todo lo contrario mientras los jóvenes estaban frente al carrito de avenida Provincias Unidas llegó un grupo de policía y aplicando el abuso de poder arremetieron contra los ellos, llegando más patrulleros al lugar, uno le efectuó un disparo de bala de goma en la pierna a uno.
En la nota se puede ver que mostraban de cómo lo trataban en la comisaría .Para orinar le brindaron botellas de vidrios y si tenían que hacer otras necesidades fisiológicas en el patio había un desagüe de agua en el patio de la comisaría 14ª donde habían quedado detenido durante varias horas y con un balde de color rojo que estaba junto a una canilla arrojar agua para limpiar.
Sasha fue uno de los jóvenes que recibió una brutal represión, lo golpearon dejando importante hematoma en la cara y ojo, le pegaron un perdigonazo en la pierna izquierda y con un cuchillo le cortaron las rastas del pelo. No le permitieron realizar una llamada hacia sus familiares y falsificaron el procedimiento.
En resumen, estos policías violaron todas las garantías constitucionales que tiene un individuo en nuestro país y de los Tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional como la ley 23.338 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas firmada por el Gobierno Argentino el 4 de febrero de 1985.
El exceso de la violencia institucional dejó en claro que el sujeto que viste el uniforme no está preparado para velar por la seguridad de los ciudadanos, sino para tener un trabajo remunerativo estatal y con privilegios que en la actividad privada no podrían hacerlo, sumado al exceso de poder.
Lo contrario al verdadero policía que da su vida por bregar por la seguridad de prójimo, el solidario y estar atento ante un delito.
Que le sirve al estado invertir en equipamiento, incorporar personal, sino no están preparados psicológicamente para portar y utilizar un arma reglamentaria o cómo actuar en un procedimiento, sumado al reclamo de los ciudadanos a que sean sometidos a controles de narcolemias por si el individuo está o no bajo alguna sustancia de estupefacientes.
Aquí queda manchada su institución, del cual hay que separar porque hay también de los buenos, pero los pocos ensucian y dejan mal parada a la institución bautizándola desde hace años como la “Peor policía del país”.
A pesar de los esfuerzos por mejorarla quedan séquitos que mancha y desprestigia a aquellos oficiales que dieron su vida al servicio de la comunidad, y los mismos oficiales que honran el uniforme deberían exonerarlos de sus propias filas y no a esperar que lo haga el poder político.
Este miércoles al mediodía se realizó la audiencia imputativa a los policías que participaron en la detención de los jóvenes en Las Cuatro Plazas, donde siete efectivos estaban detenidos y una mujer policía está prófuga e incorporada en la causa.
La fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Karina Bartocci imputó por apremios, falsificación de acta en cumplimiento de lo del funcionario público y abuso de autoridad al Suboficiales Mariano Saavedra, Erika Denis, Walter Duarte pertenecientes al Comando Radioeléctrico, también imputó al cabo Ariel Godoy, el Suboficial Gastón Farley, Roberto Salinas y al cabo primero Santiago Morgan, pertenecientes a la Patrulla de Acción Táctica. Para Saavedra y Denis solicitó la prisión preventiva y para el resto la prohibición de todo tipo de contacto con las víctimas. Dado que sumaron a la denuncia amenazas posteriores. Hay una suboficial de nombre Cristina G. que se encuentra prófuga y según las fuentes se encontraría fuera de la provincia de Santa Fe quedando pendiente la imputación hasta que se establezca el paradero.
El juez de primera instancia Santiago Becerra aceptó la calificación presentada por la fiscalía y ordenó prisión preventiva efectiva hasta el 26 de abril para los dos efectivos del comando radioeléctrico Mariano Saavedra y Erika Denis quienes detuvieron a los jóvenes sin motivo alguno y golpeados sin justificación, además el letrado dio curso a la prohibición de acercamiento a las víctimas por parte de los imputados en la causa.
