El proyecto de modificación del régimen
jubilatorio que trata el congreso luego del fracaso de la semana pasada es
parte del plan de “reformas” que apunta a imponer sacrificios a los sectores
más débiles como condición para el progreso de la nación.
Así como en materia laboral el proyecto todavía
pendiente apunta a reducir derechos de los trabajadores, los cambios que se
proponen en el régimen previsional, lisa y llanamente buscan achicar los
aumentos de los beneficios para jubilados y pensionados.
La fórmula actual de ajuste prevé aumentos en
función de las variaciones en los sueldos y en la recaudación previsional, de
modo que, cuanto más se recauda y más ganan los activos más suben las
jubilaciones y pensiones, un mecanismo que busca ir mejorando –aunque sea de a
poquito- los muy bajos haberes.
La propuesta del gobierno, al establecer un
ajuste por inflación, condena a los jubilados –en el mejor de los casos- a
cobrar siempre el mismo monto a valores reales, hasta el día de su muerte, sin
esperanza alguna de mejora, como lo contempla el actual sistema si hay aumentos
de sueldo o de recaudación. Pero además, la inflación que sufren los jubilados
es más alta que la del resto de los ciudadanos, porque incluye artículos de
primera necesidad –los que más suben- y poco o nada de artículos suntuarios,
que son los que menos aumentan. Ello sin contar el mayor impacto del gasto en
remedios y prestaciones de salud cuyos precios se fijan de modo monopólico.
El gobierno reconoce sin pudor, que esta
modificación importará un ahorro de $120.000.000.000 en un año (es decir $120
mil millones), plata que dejarán de cobrar –y de gastar- los jubilados-
achicando su ya muy baja capacidad de compra y disminuyendo el consumo en
perjuicio del comercio y la industria.
Lo más notable es el apuro por la aprobación de
la ley, que se presenta como una necesidad impostergable para evitar que el
país reviente. Una verdadera confesión de ineptitud para administrar.
Gobernar es repartir, es decidir cuanto se le
saca a uno y cuanto se le da a otro. Si en su desesperación, el gobierno sólo
atina a bajar las jubilaciones –y después los sueldos, con la reforma laboral-
está claro a quien elije para imponer los sacrificios supuestamente
“patrióticos”. Mientras tanto ya bajó o eliminó las retenciones a exportación
de granos y minerales y propone bajar el impuesto a las ganancias y los aportes
patronales a las empresas. Se abandonan propuestas como la de implementar el
impuesto a la herencia o gravar las rentas financieras, que ni este ni los gobiernos
anteriores se animaron a encarar. Con los ricos no nos metemos parecer ser el
mensaje.
Ahora, como argumento para tratar de que los
legisladores se justifiquen ante su conciencia y sus votantes, se ofrece un
bono compensatorio, por esta sola vez, de entre $350 y $700, menos de la mitad
de lo que van a dejar de cobrar en marzo los pasivos. Suena cínico.
Los representantes del pueblo, y el pueblo mismo
tienen la palabra.