Algo en Común El diario de Rosario
Además del fallo contra la ex mandataria, el caso Vialidad arrastró a ex funcionarios y empresarios clave. Las penas confirmadas por Casación, el rechazo de la Corte a los planteos de las defensas y los millones que deberán ser restituidos al Estado.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, se convirtió en la primera sentencia penal firme contra una ex presidenta argentina. Sin embargo, no fue la única figura del poder que quedó comprometida por el monumental esquema de corrupción conocido como la causa Vialidad.
En noviembre de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó la sentencia original en un documento de más de 1.600 páginas. En él, se confirmaron no solo los cargos contra Cristina Kirchner, sino también las condenas de otros ex funcionarios y empresarios, todos implicados en el millonario fraude con fondos públicos destinado a obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Entre los condenados que deberán cumplir prisión efectiva, se encuentran Lázaro Báez, empresario y principal beneficiario del esquema fraudulento, con una pena de seis años de cárcel; José López, ex secretario de Obras Públicas, también con seis años; y Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional, quien recibió la misma condena.
A ellos se suman Juan Carlos Villafañe con cinco años de prisión, Raúl Pavesi con cuatro años y seis meses, José Santibáñez y Mauricio Collareda, ambos con cuatro años, y finalmente Raúl Daruich, condenado a tres años y seis meses. Todos ellos fueron además inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, al confirmarse su responsabilidad en el desvío de fondos estatales mediante licitaciones fraudulentas en la obra pública de Santa Cruz.
A todos ellos se les impuso, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción ratificada por la instancia superior.
Pese al pedido del Ministerio Público Fiscal de aplicar la figura de asociación ilícita, la mayoría de los camaristas Borinsky y Barroetaveña rechazaron esa calificación, aunque reconocieron la existencia de una maniobra fraudulenta perfectamente organizada desde el Estado. Solo el juez Hornos votó en disidencia, considerando que se trató efectivamente de una asociación ilícita.
En la misma resolución, la Corte dejó firmes las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Además, el tribunal homologó el decomiso de 84.000 millones de pesos, dinero que deberá volver a las arcas del Estado como reparación del perjuicio sufrido por la administración pública.
Los hechos investigados abarcan el periodo comprendido entre 2003 y 2015, y revelan cómo, a través de 51 procesos de licitación, el Estado benefició de manera irregular a la empresa Austral Construcciones S.A., propiedad de Lázaro Báez.
Desde sus inicios, Austral fue favorecida sistemáticamente, adjudicándose obras sin competencia real y recibiendo fondos públicos millonarios aún en momentos de crisis fiscal. Incluso después de la derrota electoral de 2015, la firma abandonó las obras en lo que la Justicia denominó el “Plan limpiar todo”, una operación para desmantelar pruebas y garantizar impunidad antes del recambio de gobierno.
De acuerdo con la sentencia, Cristina Kirchner intervino directamente en el esquema fraudulento, firmando decretos que habilitaron el uso discrecional de fondos públicos para beneficiar a Báez. En particular, el Decreto PEN 54/2009, que modificó un fideicomiso creado en 2001, fue clave para canalizar recursos hacia las obras adjudicadas a Austral.
Los jueces subrayaron que la ex mandataria desoyó advertencias legales y permitió que su gobierno avanzara en la entrega de fondos pese a irregularidades documentadas. Asimismo, se consideró probado que existieron vínculos personales y comerciales con Báez, así como una coordinación con José López en los meses finales de su mandato.
En los teléfonos de López, la Justicia halló mensajes comprometedores que evidencian su contacto directo con Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Julio Mendoza (mano derecha de Báez), apuntalando la hipótesis de una connivencia para encubrir el delito en las últimas semanas de gobierno.
El caso Vialidad representa el primer fallo firme con pena de prisión contra Cristina Kirchner, pero no es el único frente judicial que deberá enfrentar. Otras investigaciones clave, como Los Cuadernos, Hotesur y Los Sauces, y el Memorándum con Irán, aún no llegaron a la etapa de juicio oral.
Mientras tanto, la expectativa política y judicial gira en torno a si la ex presidenta cumplirá la condena o si una eventual postulación futura la beneficiaría con fueros. Por ahora, la sentencia está firme y la cárcel es una posibilidad concreta para varios de los implicados.
