Algo en Común El diario de Rosario
El documento es producto del análisis de los datos obtenidos en el relevamiento estadístico efectuado en el marco del sistema de gestión de calidad y de transparencia de la UFESE.
La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, presentó un informe sobre este tipo de delitos cometidos en la República Argentina entre 2016 y 2022. El documento analiza, en base a la labor de la unidad especializada, las particularidades, modalidades de comisión, evolución y tendencia del ilícito previsto en el artículo 170 del Código Penal de la Nación.
El informe es producto del análisis de los datos obtenidos en el relevamiento estadístico efectuado en el marco del sistema de gestión de calidad y de transparencia de la UFESE que, desde el 2020, cuenta con la certificación de la Norma IRAM-ISO 9001:2015. En tal contexto, el abordaje se centró en los más de 650 casos de secuestro extorsivo registrados desde 2016, cuando se creó la dependencia especializada mediante la Resolución PGN N°1583/2016.
Modalidades de secuestros extorsivos
“Cada hecho de secuestro extorsivo tiene particularidades únicas que lo diferencian de cualquier otro, principalmente debido a la complejidad inherente que conlleva su comisión”, indica el documento. En base a la experiencia, la UFESE realizó una clasificación de los hechos, a modo enunciativo, en tres grandes grupos: secuestros extorsivos de duración prolongada y cometidos con planificación previa; secuestros extorsivos de corta duración y sin planificación previa -comúnmente denominados “exprés”- y secuestros vinculados al crimen organizado.
El informe refiere que los secuestros extorsivos de duración prolongada y cometidos con planificación previa tuvieron su auge entre los años 2001 y 2005, y fueron perpetrados por grupos criminales con cierto grado de “profesionalización”. Estas bandas, señala la UFESE, “no solo escogían previamente a sus víctimas, sino que realizaban minuciosas tareas de seguimiento y de inteligencia previa sobre aquellas, para conocer sus movimientos y obtener una información lo más detallada posible de sus circunstancias personales, principalmente, la situación económica y patrimonial de la persona y/o la de su entorno familiar y/o social”.
Refiere además que el conocimiento de distintas circunstancias intimas y personales de la víctima “era una poderosa herramienta de intimidación al momento de extorsionar a los familiares (víctimas pasivas) demostrándoles que no se trataba de un accionar improvisado”, al tiempo que esa información también “sería la guía que los orientaría respecto de cuánto dinero pedir y en qué momento deberían conformarse con el rescate que la familia reuniera”.
“La abrumadora mayoría de los secuestros extorsivos en los que ha intervenido la Unidad Fiscal a partir de 2016 fueron secuestros de corta duración que, en su mayoría, registran una extensión que no supera las seis horas y en casi ningún caso la privación de libertad de la víctima supera las veinticuatro horas”.
Ese tipo de secuestros llegaron a durar 30 o 40 días, y en algunos casos más porque este tipo de organizaciones contaba con infraestructura donde mantener cautiva a la víctima, puntualiza la UFESE. En cuanto al contacto con los familiares, en este tipo de secuestros, “el primer llamado a la familia de la víctima generalmente no se realizaba inmediatamente después de sustraerla y las extorsiones comenzaban en un tono más tranquilo -comparativamente a lo que sucede en los secuestros de corta duración”, contrasta el informe. Y agrega que luego, con el devenir de los días, “la violencia verbal, las amenazas y las agresiones a la víctima y a su familia, hasta alcanzar un monto de rescate que satisfacía las ambiciones de la banda”.
El informe consigna que “la abrumadora mayoría de los secuestros extorsivos en los que ha intervenido la Unidad Fiscal a partir de 2016 fueron secuestros de corta duración que, en su mayoría, registran una extensión que no supera las seis horas y en casi ningún caso la privación de libertad de la víctima supera las veinticuatro horas”. Otra característica de esta modalidad detectada por la UFESE es que “los sitios donde transcurre el suceso ilícito (la sustracción de la víctima, el pago del rescate y la liberación de la víctima) se produce en un mismo espacio geográfico más acotado que los secuestros extorsivos de plazos más prolongados”.
En esta tipología, refiere la unidad especializada, los hechos son cometidos por grupos poco sofisticados o con alto grado de improvisación y que suelen tener antecedentes y/o vinculación con robos, hurtos, portación ilegítima de armas y otros delitos. Además, las víctimas son interceptadas en la vía pública y sin inteligencia previa, en base a factores -como el vehículo en el que circula- que les permiten colegir que ellos o sus familias cuentan con medios para afrontar el pago del rescate.
La precariedad de los medios y la organización, y la celeridad con la que los secuestradores pretenden lograr su propósito de obtener un beneficio económico muchas veces implica que el rescate cobrado sea escaso, e incluso, que no se llegue a cobrar rescate alguno, añade el informe. Por otra parte, indica que el primer llamado a los familiares de la víctima se hace inmediatamente después de la captación y que se ejerce violencia verbal y psicológica sobre las víctimas.
Los datos relevados por la UFESE evidencian que, desde 2015 en adelante, hubo “un decrecimiento generalizado y sostenido en la cantidad de hechos de secuestro extorsivo registrados en la República Argentina”, pero que se registró un incremento en los hechos vinculados con el crimen organizado.
El informe también hace referencia a algunos casos en los que este tipo de secuestro fue perpetrado por grupos estructurados, que fueron desarticulados en investigaciones en las que colaboró la UFESE entre 2016 y 2022. Algunas de ellas son “La banda de Poroto, Pastor y Narvaja”, la “banda del FAL” o “Banda de Pachu”, la “banda del ‘M 19’”, la banda del “Focus” o la “banda de la cuarentena”.
Finalmente, en cuanto a los secuestros vinculados al crimen organizado, el documento de la unidad especializada destacó que se trata de hechos en los que las víctimas tienen vínculos previos con sus captores. Reseña que la mayoría de estos hechos tuvieron lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero que desde mediados de 2020 han crecido las denuncias de secuestros extorsivos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, y en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. “La motivación de los secuestros vinculados al crimen organizado, si bien siempre persigue un fin pecuniario, suele esconder un trasfondo mucho más amplio, con objetivos que exceden la sola obtención de dinero, entre ellos: la dominación de un territorio o el secuestro como medio de financiación de la organización criminal para sostener y motorizar su actividad principal”, señala la UFESE.
Dentro de esta variante se identificaron casos vinculados con el tráfico de estupefacientes; con otros delitos de criminalidad organizada; y con el sistema penitenciario. En estos hechos, la UFESE detectó la actuación indistintamente de varones y mujeres mayores de edad. “La complejidad de este tipo de casos radica también en que las víctimas —tanto ‘activas’ como ‘pasivas’— suelen ser poco colaborativas, siendo que, en algunos casos, no desean prestar ningún tipo de cooperación con la justicia toda vez que ellos mismos también pertenecen o pertenecieron al mundo del hampa y conocen y temen a la organización a la que pertenecen sus victimarios”, indica el análisis
Los datos relevados por la UFESE evidencian que, desde 2015 en adelante, hubo “un decrecimiento generalizado y sostenido en la cantidad de hechos de secuestro extorsivo registrados en la República Argentina”. Sin embargo, se registró un incremento en los hechos vinculados con el crimen organizado. Ante ello, la unidad especializada indica que debe prestarse mayor atención “para mitigar su crecimiento y posibles efectos nocivos que se traducen en un aumento de la violencia informal, en la corrupción de las instituciones y en la consecuente corrosión de la calidad democrática de nuestro país”.
