Algo en Común El diario de Rosario
Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad continúan movilizadas y en estado de alerta debido al brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei, que afecta de manera directa a las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector.
En los últimos días, se realizó una protesta nacional, con una caravana de transportistas nucleados en Atraes y una concentración en la Esquina de Oroño y Córdoba en Rosario, donde se dieron cita instituciones pertenecientes a la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis).
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes), fue contundente al denunciar que la quita de pensiones a personas con discapacidad, que afectará a más de 200.000 beneficiarios en 2025, tendrá un impacto directo en las prestaciones esenciales para quienes más lo necesitan. «Este recorte en las pensiones afecta gravemente la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es una medida que perjudica a quienes dependen de estos recursos para vivir con dignidad», afirmó Bolego.
El dirigente también señaló la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores del sector, en especial aquellos que laboran en los talleres protegidos, donde el salario promedio es de apenas 28.000 pesos, un monto que permanece congelado desde hace más de un año. «Estos profesionales realizan un trabajo esencial, pero sus salarios no solo son bajos, sino que además están congelados. Esto refleja la desvalorización del trabajo de quienes cuidan a las personas con discapacidad», expresó.
Otro de los puntos clave que Bolego destacó fue la imposibilidad de renovar el parque de vehículos adaptados para el transporte de personas con discapacidad, una necesidad básica para garantizar la movilidad. «Las unidades para trasladar a las personas con discapacidad están valuadas entre 60 y 70 millones de pesos. Es imposible para las organizaciones seguir reemplazando estas unidades con el nivel de ajuste que se está aplicando», indicó.
Reclamos a nivel nacional: defensa de derechos y mejora de condiciones laborales
Mariel Chapero, presidenta de Apridis, expresó que la movilización es parte de un acto federal que se lleva adelante en todo el país, con una lista extensa de reclamos que abarcan desde la quita de derechos hasta el atraso en los pagos y las condiciones laborales de los trabajadores del sector. «Hoy nos encontramos luchando por una serie de cuestiones que impactan directamente en los derechos de las personas con discapacidad y de los trabajadores del sector. El ajuste está afectando tanto a los usuarios como a los profesionales que acompañan a estas personas», señaló Chapero.
Entre los reclamos más destacados se encuentran:
- Eliminación del Decreto 843/24, que retrocede en la adjudicación de las Pensiones No Contributivas, volviendo a un criterio de Pensión por Invalidez Laboral, dejando de lado a las personas con discapacidad.
- Aumento de los recursos asignados a las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025, para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad.
- Aranceles prestacionales acordes a los costos reales de los servicios institucionales, profesionales y de transporte.
- La creación de una Ley de Asignación Universal por Discapacidad que garantice una cobertura económica universal para las personas con discapacidad.
- Cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado, que establece una cuota de empleo para personas con discapacidad en la administración pública.
- Recomposición salarial para los trabajadores de los Talleres Protegidos, cuyos salarios no han sido actualizados desde febrero de 2023 y actualmente se sitúan en los 28.000 pesos.
La lucha por los derechos y el futuro del sector
Los sectores que luchan por los derechos de las personas con discapacidad y por las condiciones laborales de los trabajadores del sector insisten en que el ajuste aplicado por el gobierno de Milei profundiza la crisis y pone en peligro los avances logrados en materia de inclusión y accesibilidad. «Lo que estamos viviendo es un ajuste brutal que empuja al sector al quiebre. Las personas con discapacidad no son un gasto, son parte activa de la sociedad y requieren un apoyo que el gobierno actual no está brindando», concluyó Chapero.
La protesta, que se replicó en diversas ciudades del país, refleja la creciente preocupación de las organizaciones del sector por el futuro de las políticas públicas y la necesidad de un cambio de rumbo que garantice los derechos de las personas con discapacidad y mejore las condiciones laborales en este ámbito esencial.
