Algo en Común El diario de Rosario
Participaron 13 expositores. abogados, gremialistas de la Federación Judicial Argentina, juristas, ex jueces y actuales funcionarios del poder judicial expusieron sus puntos de vista sobre la iniciativa enviada por el poder ejecutivo. el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, pasó a un cuarto intermedio para este miércoles 19 de agosto a las 16 horas.
El primer orador fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca. Al expresarse sobre el tema en debate, el magistrado opinó que «la iniciativa no cambia la situación de las causas en trámite».
Señaló que «se trata de solucionar la acumulación de poder en pocas manos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí está el nudo de la cuestión». En ese sentido dijo que el proyecto «no es inconstitucional». También dijo que «no alcanza con sancionar a los magistrados sino que lo que hay que cambiar es el sistema que genera esto».
De Luca subrayó que «el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura. Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales».
En relación al traspaso de la Justicia Penal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, opinó que «los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo».
Al responder preguntas de legisladores, De Luca destacó que «el sistema no funciona bien porque no se controlan los plazos procesales, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no tiene plazos».
Posteriormente expuso la doctora Lucila Larrandart, que destacó que los parlamentarios estaban frente a «la oportunidad de revertir el actual deterioro de la justicia». En ese punto dijo que «nunca he visto el nivel de arbitrariedad y falta de justicia». Puntualizó que se refería «a la justicia de Comodoro Py». Subrayó que «la reforma de la justicia no pasa por el Código Procesal Penal». En ese punto señaló que se debía implementar lo que define como «doctrina de las consecuencias. El que cumplió los principios constitucionales debe ser promovido, el que no cumplió debe ser removido». También se manifestó de acuerdo en modificar «el sistema de designación de jueces, reformando el mecanismo por el que se tienen en cuenta los antecedentes, la etapa de la oposición y que la entrevista personal sea pública y no otorgue más del 15 por ciento del puntaje general». Consideró que «en la entrevista personal se introduce la arbitrariedad».
El ex juez del Tribunal Oral 3, Miguel Caminos, consideró que el proyecto «debilita el servicio de justicia dada la gran cantidad de vacantes que se generarán». Al referirse al artículo 31 de la iniciativa que se refiere al acuerdo entre el PEN y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el traspaso de jueces, preguntó «¿Qué sucederá con quienes no opten? ¿Perderán sus cargos?».
El actual Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gulle, advirtió que trataría de «tener su mejor intervención ya que está atravesando la enfermedad del coronavirus». Sostuvo que «los hombres en cualquier sistema pueden fallar, pero creo que el sistema acusatorio adversarial ayuda muchísimo a frenar los excesos». Dijo que «este proyecto nos hace ir en sentido contrario al que queremos ir». Comentó que «al mismo tiempo que se crean jueces federales, se pide que el narcomenudeo salga de la esfera federal».
Gulle puntualizó que «en Mendoza el fiscal que investiga es el mismo que lleva la causa a juicio y ahí tendrá que justificar la existencia de la acusación y también su instrucción. Hay que hacer una reforma integral porque de lo contrario en dos años no vamos a saber qué hacer con tantos jueces. Hay que pensar en una reforma a futuro y no en parches que no van a resultar». Finalizó diciendo que «estamos yendo en el camino equivocado. Lo que ustedes están criticando, están repitiendo. Esto no nos lleva a la aplicación del sistema acusatorio en el país».
Hugo Martín Blasco de la Federación Judicial Argentina consideró que «este proyecto se ocupa de una sola cuestión del problema judicial. Quedan muchas cuestiones sin abordar. Por ejemplo, la cuestión de la justicia laboral en las que el trabajador tendrá que esperar años en resolver sus reclamos». En ese punto afirmó que «quizás hubiera sido oportuno que se nos escuchara antes de confeccionar un proyecto».
A su turno, Emilio Porrás Hernández, Procurador General Adjunto de Chubut, destacó que «el diagnóstico sobre la Justicia Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires es indiscutible. La concentración no ha demostrado una mayor eficacia en la persecución penal». Consideró que la iniciativa «avanza en el sistema acusatorio».
Carlos Seijas, Defensor Oficial en el Ministerio Público de la Defensa, consideró que «el óptimo es el sistema acusatorio». En ese punto calificó como innecesaria la creación de juzgados que propone el proyecto de ley. También destacó que hay «una disparidad en la designación de defensores por sobre la de los fiscales».
Carlos Auat, abogado, integrante de la agrupación Justicia Legítima, destacó que los juicios contra delitos de lesa humanidad no están contemplados en la iniciativa. Parafraseando al ex Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, dijo que «la cuestión de los derechos humanos y la memoria, verdad y justicia, puede ser considerado el nuevo rezo laico de la democracia argentina». Subrayó que «la cuestión de las causas no se puede omitir porque esas investigaciones son política de Estado». En ese sentido recordó que «el 45 por ciento de las causas se encuentran en período de instrucción; el 41 por ciento se encuentran con condenas que no están firmes y el 11 por ciento han sido elevados a juicio». Destacó que «estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años y que cuando se dice Nunca Más, también hay que incorporar ese valor de respeto a los derechos humanos haciendo realidad una justicia democrática».
También consideró importante «desmontar ese Estado Policial sobreviviente a la última dictadura cívico-militar por un Estado de Derecho».
Posteriormente, el constitucionalista, Eduardo Barcesat, defendió la «oportunidad del proyecto y consideró que no hay ningún punto en la iniciativa que pudiera ser tachada de inconstitucional». Opinó que está de acuerdo con el hecho de que «se unifiquen fueros, así como el nombramiento de nuevos jueces, que se incorporen nuevos juzgados», así como «la importancia de deconstruir el poder de Comodoro Py».
Cerró la audiencia, Carlos Rozansky, ex juez de la Cámara Federal. Definió a la Justicia como «patriarcal, conservadora, aristocrática». Defendió la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional y equiparó a lo que él definió como «Lawfare, como la continuidad del Terrorismo de Estado de la última dictadura militar, como la nueva etapa del Plan Cóndor». Reafirmó que «todo proceso de avance social genera reacciones. El proyecto es positivo y las reacciones son negativas».
El ex magistrado también se manifestó de acuerdo con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo que a su juicio, «la Corte tendría que tener 21 miembros divididos en 5 salas y que la Pandemia no podía ser un obstáculo para avanzar en una justicia mejor».
El siguiente es el listado de participantes del Plenario de Comisiones:
Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Lucila Larrandart, profesora consulta de derecho penal y procesal penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal; Miguel Caminos, ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3; Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; Hugo Antonio Blasco, Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de la Provincia de Chubut; Carlos A. Seijas, defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa; Ricardo Manuel Rojas, juez de cámara del Tribunal en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal; Ernesto Marcer, ex Procurador General del Tesoro de la Nación; Héctor Mario Chayer, especialista en gestión y organización judicial; Pablo Llonto del Colectivo Mario Bosch- Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad; Jorge Auat, abogado especialista; Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y Carlos Rozanski, abogado y ex juez de la Cámara Federal.
