Se realizó la sexta jornada de debate por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

Veintidós expositores participaron en el Senado de la Nación de la VI audiencia en la que se analizó la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados.

Los miembros del plenario de las Comisiones de salud, justicia y asuntos penales y asuntos constitucionales del senado reciben hoy las posiciones de más de una veintena de expositores, durante la sexta jornada de análisis del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

La primera dirigente en hacer uso de la palabra fue Estela Díaz, secretaria de género a nivel nacional de la CTA, quien dio lectura a un extenso texto en el que se pronunció favorable a la sanción de la ley «tal cual vino» de Diputados, al advertir que «las mujeres decidimos interrumpir un embarazo por una decisión de enorme responsabilidad».

A continuación la psicóloga Roxana Díaz Vergara, representante de la ONG AMAM por la No Violencia, cuestionó con firmeza la iniciativa en debate al sostener que «es irrisorio pensar que se puede aprobar un proyecto así».

Luego ocupó el atril en el Salón Arturo Illia,  la presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, hizo un repaso de las medidas que se tomaron en el país en materia de salud sexual desde la recuperación de la democracia en 1983. Biancho habló de «la  necesidad de dar una respuesta» al tema porque «el status quo no es una respuesta: es enfermedad, muerte y dolor».

Mabel Busaniche, magíster en estudios de género, leyó su presentación de respaldo a la iniciativa en debate, explicando lo que sucede en la provincia de Santa Fe y abogó para que «sea ley» el proyecto que se tratará en el recinto en la sesión del 8 de agosto.

«No puedo creer que tenga que venir al Senado a pedir por favor que no maten a los chicos», enfatizó el médico Abel Albino, creador de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil, quien declaró que «el aborto es el 0,05 por ciento de la mortalidad femenina en el país». «Una mujer embarazada es un tesoro para el país y su hijo es una joya», agregó.

A su turno, Laura Casas, representante del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, avaló la norma que está en debate y sostuvo que «la política penal no es efectiva porque, las mujeres abortan independientemente de que haya una ley. «Ahora el acceso a un aborto seguro lo pueden tener quienes precisamente tienen acceso y las que no pueden corren el riesgo de ir a la muerte», añadió.

Posteriormente Mirta Roses, médica y exdirectora de la Organización Panamericana de la Salud, puntualizó que con la ley «pese a no ser perfecta, se puede dar un paso de avance» y de lo contrario sería «aceptar la continuidad del drama actual en el que el aborto es un hecho oculto y penado»

La médica infectóloga del Hospital Julio Perrando de Resistencia, Silvana Fernández Lugo, remarcó  que «el aborto es un mal en si mismo» y juzgó que «este debate no es una demanda genuina de la sociedad, sobre todo del país más profundo».

De inmediato Ivana Agüero Pacheco, abogada de Convergencia Social de Catamarca, coincidió con su antecesora en su «rechazo total» a la norma y puso de relieve el texto de la Constitución de su provincia que refiere puntualmente al «derecho de proteger a los niños desde su concepción». Recalcó que se habla de «la defensa a la vida humana desde su concepción».

El exministro de Salud de la Nación Daniel Gollán pidió «enfocar al tema central en qué podemos hacer para cambiar una realidad y si alguien tiene una posición de conciencia,  en ese caso que se abstenga» ya que de no hacerlo «después deberán reconocer que se equivocaron porque dejaron morir a miles de  mujeres o las condenaron a tener secuelas graves». Además precisó que en la actualidad  «hay 37 casos de aborto cada mil».

 

El abogado Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, fue el orador de la segunda mitad de la VI jornada de debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Barrera Buteler señaló que «en el centro de la discusión está la definición de a partir de qué momento de la existencia el ser humano  goza de dignidad y de los derechos que le son inherentes. En definitiva, si el por nacer, es o no una persona humana».

Consideró que «desde el derecho constitucional hay una sola respuesta: a partir de la concepción hay una persona que por consiguiente tiene sus derechos». Antes de ensayar su respuesta sobre este punto consideró que a lo largo de la historia siempre se buscó «negarle humanidad a la víctima». También aseguró que «no hay desde el derecho internacional una norma que nos defina esta cuestión y que por lo tanto hay que atender el orden constitucional argentino».

La siguiente oradora fue Cecilia Ouseet, médica especialista en tocoginecología. Comenzó su exposición sosteniendo que «nunca estuve, ni estaré nunca con el aborto».

A partir su experiencia personal afirmó: «mis pacientes me pedían un aborto por las más diversas causas, desde las emocionales hasta las económicas. Siempre, por mi religión, intenté que siguieran adelante con el embarazo. Porque generalmente luego hay arrepentimiento por el aborto».

«Vi morir a mujeres, a veces madres de varios chicos, que pasaron sus últimos minutos lúcidas conmigo y una policía preguntándole quién le había realizado el aborto porque era el delito, mujeres deshumanizadas y juzgadas», dijo.  Ouseet se manifestó arrepentida por no haberle dado mayor contención humana a sus pacientes que estaban por abortar. Manifestó que a pesar de que ella no practica abortos, y de su religión católica, espera que el proyecto que llegó de Diputados  se convierta en ley.

Luego habló Carlos Sánchez Posleman, médico cardiólogo de la Clínica San Jorge de Ushuaia de Tierra del Fuego. Consideró que «desde la normativa es poco serio que se pase de penar a un médico por realizar un aborto a penarlo por no realizarlo». En ese punto calificó a las penalidades contempladas en el proyecto «como injustas y arbitrarias». También se manifestó en contra de que la iniciativa no prevea «la objeción de conciencia institucional». Finalizó manifestando en contra de la media sanción en debate.

El turno siguiente fue el de Paula Juárez, médica intensivista y obstetricia de la Hospital de la madre y el niño Inmaculada Concepción de la provincia de La Rioja. Habló en nombre de los profesionales de la provincia «que apoyan la ley aprobada en Diputados y que no son objetores de conciencia».

 Afirmó que «a nivel global la muerte materna es mayor donde mayor es la tasa de aborto inseguro y mayores son las restricciones legales a la interrupción voluntaria del embarazo».  La médica riojana sostuvo, citando a la Organización Mundial de la Salud,  que «descender el índice de mortalidad y morbilidad indica una mejora en la calidad de emergencia. También es fundamental que se eviten los embarazos no deseados y a edades tempranas».

Luego habló Soledad Deza, abogada de Tucumán. Deza se explayó sobre la «objeción de conciencia institucional». Luego de mostrar diapositivas con casos ocurridos en su provincia, resaltó que «la objeción de conciencia nació como una herramienta noble para proteger minorías atribuladas». Consideró que en la actualidad la objeción de conciencia amenaza con cuestionar, de hecho, «la interrupción voluntaria del embarazo» en caso de que se convirtiera en ley.

Concluyó su presentación afirmando que «la objeción de conciencia es una herramienta política. La penalización del aborto también es política ya que nuestros cuerpos son políticos». Consideró que «antes fueron los incorregibles y los anormales los que no encuadraban y que por suerte la Argentina lo contempló. Resta incluirnos a las mujeres en la salud sexual».

Milagro Peñalba, coordinadora de los estudiantes secundarios de Salta, fue la siguiente oradora. La joven salteña de 16 años destacó que «en Salta, donde hay un gran porcentaje de madres solteras, donde se nos enseña religión en las escuelas, donde no tenemos educación sexual integral ni acceso a anticonceptivos, donde un cuarto de los embarazos son adolescentes, la Iglesia es la verdadera rectora de la educación sexual de la provincia».

A continuación habló Rodrigo Agrelo, abogado de Portal de Belén. Agrelo se pronunció en contra del proyecto en debate y destacó que los legisladores de Córdoba, su provincia, carecen de mandato popular para votar la norma «ya que en su campaña nunca se pronunciaron sobre el tema del aborto». Consideró que de aprobarse la norma «se consagraría la injusticia social».

Luego habló Gabriela Luchetti, médica y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. La médica y ginecóloga informó a los senadores que «el 6 de julio de 2018, el Consejo Superior de la Universidad del Comahue se pronunció a favor del proyecto aprobado en Diputados».

Consideró que «el aborto seguro es considerado un elemento de importancia crítica en los servicios de salud y hoy está recomendado dentro del paquete de intervenciones esenciales para mejorar la salud reproductiva, junto con la educación sexual y la consejería sexual, la anticoncepción, la prevención de la violencia y coerción sexual, los servicios de atención de embarazos, parto y puerperio, la prevención y manejo de la in fertilidad, la prevención y manejo de las infecciones de transmisión sexual y el VIH y la prevención y manejo de los cánceres reproductivos»:

Concluyó su participación diciendo que «hecho en condiciones adecuadas y con procedimientos correctos un aborto tiene mínimos riesgos para la salud de la mujer, la mayoría puede llevarse a cabo de forma ambulatoria».

La próxima oradora fue Graciela Moya, médica especialista en genética. Comenzó su exposición señalando que estaba en contra del proyecto en debate. «Personalmente solicito que se considere el rechazo por los siguientes motivos, el aborto provocado no se origina como un problema de salud pública sino como un problema social que está generado por la inequidad que sufre la mujer en nuestra sociedad, solo corta la punta del iceberg, la inequidad entre varones y mujeres». Concluyó su exposición diciendo que «este proyecto de legalización del aborto mantiene a la mujer en una situación de desamparo y vulnerabilidad».

Continuó haciendo uso de la palabra, Andrés Vaira Navarro, secretario de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Refiriéndose a la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, dijo que es clave «respetar el derecho a la vida ya que sin vida no hay derecho alguno a nada, a veces suena increíble mencionar este concepto tan básico». Finalizó su exposición preguntando si «¿No es un contrasentido acompañar los derechos de las personas con discapacidad en cada momento de su vida y luego desconocerle el más preciado, y presupuesto elemental para los demás derechos, que es el derecho a la vida misma?».

Habló luego, Cristina Miguens, ingeniera industrial, empresaria, miembro de la Universidad Di Tella y miembro de la Fundación Alumbrar. Comenzó su presentación diciendo que «no es cierto» que el proyecto de ley sea un reclamo de los sectores más pobres de la sociedad. Reconoció que si bien «el aborto puede ser un tema de salud pública no es una prioridad». Destacó que «el aborto no es un sinónimo de feminismo» y que «no es progresista ya que va contra los más débiles». En ese punto destacó que «la reciente encuesta de IPSOS confirma que el 57% de mujeres con menos recursos está en contra del aborto».