[:es]Rosario ya cuenta con una «agencia antilavados»[:]

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“Durante mucho tiempo se dijo que el Municipio no tenía competencia o no podía actuar frente a la violencia urbana y la inseguridad, pero en Rosario vamos a demostrar que sí es posible colaborar con la Justicia en la prevención y persecución del delito”.

El Concejo Municipal de Rosario aprobó por mayoría reglamentaria la ordenanza que crea la primera “Agencia contra el Lavado de Activos” del país, una herramienta indispensable para enfrentar este estado permanente de inseguridad que desde hace tiempo azota a la región, con el narcotráfico como protagonista. Los concejales del interbloque del Frente de Todos votaron en contra de la creación de la agencia. 

El proyecto impulsado por los concejales de Juntos por el Cambio Martín Rosúa, Daniela León, Alejando Rosselló, Ana Laura Martínez y Carlos Cardozo, “sumará herramientas indispensables al ya aprobado “Sistema de Control Económico Financiero de las Inversiones”.

“El Municipio tiene que tomar un rol protagónico en la lucha contra la narco-criminalidad. Estos niveles de violencia existen por la presencia de ese tipo de organizaciones con su conocido poder económico detrás, donde el lavado de dinero es una constante”, describieron.

La “Agencia de Prevención y Colaboración contra el Lavado de Activos” tiene como objetivo directo perseguir los negocios ilícitos de las organizaciones criminales que actúan en la ciudad: “Golpeando a las economías ilícitas, se puede terminar con el delito violento. Una  manera de enfrentar las organizaciones criminales, es atacando su estructura económica, su funcionamiento, su poder de actuación”, ampliaron los ediles.

El ente creado utilizará toda la información que el Municipio tiene digitalizada y sistematizada, para cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación, y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen un actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas. 

La normativa establece también la creación del “Protocolo de Operaciones Sospechosas”, que a través de “un sistema de alertas” puedan indicar “algún tipo de disimulación de origen de activos”. 

Algunos de los rubros que quedan comprendidas dentro de la ordenanza son las de entidades financieras, construcciones, hotelería, vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos, apuestas y casinos, espectáculos públicos, y agencias de viajes, entre otros.

Todas las dependencias del Estado Municipal (organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado) tienen ahora la obligación de cooperar ante los requerimientos. “De esta manera involucramos a todo el Estado Municipal en una tarea que no debe tener distracciones”, explicaron.

“Claramente esta no es una función histórica de los municipios, pero la legislación tiene que ser dinámica y adecuarse a la realidad social que estamos viviendo”, afirmaron.

Las estadísticas nos dicen que Rosario está viviendo una tragedia en términos de violencia urbana. El número de homicidios en lo que va del año superó los 170, ya cercano a los 264 crímenes de 2013, el pico máximo histórico en nuestra ciudad. El promedio es de 20 homicidios cada cien mil habitantes, cuadruplicando la media nacional. Gran parte de ellos son planificados y ejecutados por estas bandas criminales, incluso desde las cárceles.

“Durante mucho tiempo se dijo que el Municipio no tenía competencia o no podía actuar frente a la violencia urbana y la inseguridad, pero en Rosario vamos a demostrar que sí es posible colaborar con la Justicia en la prevención y persecución del delito. Nos transformamos así en la primera ciudad del país en impulsar una norma como ésta, porque en Rosario queremos dejar atrás el rol pasivo que tradicionalmente se le asigna al Estado local”, desafiaron.
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