Algo en Común El diario de Rosario
El Ministerio de Seguridad de la Nación aplicó una medida administrativa que prohíbe la entrada a estadios por tiempo indeterminado a quienes participaron en los hechos ocurridos luego del encuentro de Copa Libertadores.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una restricción de concurrencia administrativa para dieciséis personas involucradas en un episodio de violencia ocurrido tras el partido entre Vélez Sarsfield y Peñarol de Uruguay, por la Copa Conmebol Libertadores, el pasado 2 de abril. Los implicados no podrán asistir a estadios ni eventos relacionados con el fútbol por un plazo indeterminado.
El violento episodio tuvo lugar en un complejo cercano al estadio José Amalfitani, cuando un grupo de barras bravas de Vélez Sarsfield irrumpió en un partido recreativo para agredir a los jugadores, entre ellos, varios policías que estaban de franco. Durante el ataque, uno de los efectivos disparó al aire como medida disuasiva, pero uno de los agresores le sustrajo su arma reglamentaria, lo que llevó a una intervención policial, varias detenciones y la apertura de una causa judicial.
Frente a la gravedad de los hechos, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 417/2025, que aplica la restricción a las siguientes personas: Jonathan Matías Pereyra, Diego Omar Richini, Brian Benjamín Andelo, Wilson Ezequiel Báez, Nazareno Reyes, Nahuel Alejandro Iglesias, Nahuel Ángel Adrián Contreras, Yamil Agustín Méndez, Alexis Lautaro Arnal, Ignacio Agustín D’Amico, Nicolás Pereyra, Eric Adriel Linardi, Cristian Silvestre Cejas, Tomás Agustín Lorenzo Polutranka Fernández, Leandro Gabriel Pittavino y Maximiliano Darío Ojeda.
La medida tendrá un alcance nacional y su vigencia es indefinida, alcanzando a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos graves, especialmente aquellos relacionados con la violencia o la alteración del orden público en espectáculos deportivos. Esta acción se enmarca dentro de las nuevas facultades otorgadas por la Resolución 321/2025, que amplía el ámbito del derecho de admisión, permitiendo al Ministerio de Seguridad restringir el acceso a eventos a aquellas personas consideradas un riesgo para la seguridad pública.
