Algo en Común El diario de Rosario
Les pagaban $1.000 por semana. Se los sometía a vivir en condiciones precarias y bajo un régimen laboral de 16 horas durante los siete días de la semana.
La Policía Federal Argentina, siguiendo los lineamientos dispuestos por este Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, quien ha impulsado el trabajo de investigación criminal y neutralización del delito complejo, rescató a cinco personas víctimas de explotación laboral en una zona rural de la localidad santafesina de Las Bandurrias.
Como consecuencia de una exhaustiva investigación que comenzó en noviembre de 2020, el personal de la División Unidad Operativa Federal San Francisco detectó un campo llamado «San Julián» (ubicado en proximidades al kilómetro 115 de la Ruta Provincial 40, en la Localidad de las Bandurrias) donde se explotaba laboralmente a un grupo de personas.
Ante esta situación, el Juzgado Federal de Rafaela, a cargo del Dr. Reinando Rubén Rodríguez, ordenó el inmediato allanamiento del predio.
Los policías presentes lograron rescatar a cinco personas, dos de ellas menores de edad. El encargado del lugar, que resultó imputado, abusando de la necesidad de trabajo de estas cinco personas, les prometió a sus víctimas estabilidad laboral y remuneraciones acorde a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo rural.
Sin embargo, una vez que se hallaban en el lugar, sólo se les abonaba 1.000 pesos semanales y se los obligaba a realizar trabajos de cuidado vacuno, alambrado, siembra y mantenimiento de maquinaria agrícola.
A su vez, se los sometía a vivir en condiciones precarias y bajo un régimen laboral de 16 horas durante los siete días de la semana.
Vale la pena destacar que, durante los operativos, se contó con la colaboración de las y los funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, del RE.NA.T.R.E. (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
