Algo en Común El diario de Rosario
El Ministerio de Trabajo de Santa Fe extendió la conciliación obligatoria hasta el 11 de agosto y convocará una mesa con Desarrollo Productivo para buscar una salida al conflicto. El sindicato SOEPU insiste en que la planta de caucho sintético de San Lorenzo es estratégica para la industria nacional.
El conflicto por el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía, ubicada en San Lorenzo, sumó este lunes un nuevo capítulo. En una audiencia realizada en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, se resolvió prorrogar la conciliación obligatoria hasta el próximo 11 de agosto y avanzar en la conformación de una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Desarrollo Productivo para analizar alternativas que permitan sostener la actividad.
Mientras se desarrollaba la reunión, trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) se movilizaron frente a la cartera laboral para reclamar la continuidad de la producción y la preservación de los puestos de trabajo.
Uno de los principales resultados de la audiencia fue el compromiso asumido por el Gobierno provincial de incorporar al Ministerio de Desarrollo Productivo en la búsqueda de una solución que contemple el impacto industrial y laboral del eventual cierre de la planta.
El secretario general del SOEPU, Mauricio Brizuela, destacó la decisión de la Provincia y sostuvo que el gremio continuará agotando todas las instancias de negociación para impedir el cierre de una actividad que calificó como estratégica.
«Vamos a trabajar para que esta planta continúe produciendo. No estamos defendiendo solamente una fuente de trabajo; estamos defendiendo una producción estratégica que abastece a la industria nacional y que tiene un enorme impacto sobre el desarrollo del Cordón Industrial», afirmó el dirigente.
Brizuela remarcó que la decisión de cerrar la planta corresponde exclusivamente a la empresa, aunque consideró que el Estado provincial debe intervenir para proteger el empleo y el entramado productivo santafesino.
Asimismo, cuestionó que hasta el momento la compañía no haya presentado informes técnicos, económicos o productivos que justifiquen una medida de semejante magnitud. «Cuando está en juego una actividad estratégica para el país, el trabajo de cientos de familias y el futuro de una región, el Estado no puede permanecer al margen», expresó.
El dirigente también advirtió que la planta integra un complejo petroquímico con procesos interdependientes y manejo de sustancias de alta peligrosidad, por lo que sostuvo que cualquier modificación requiere estudios técnicos, ambientales y de seguridad antes de avanzar con un eventual cierre.
Finalmente, desde el SOEPU señalaron que el conflicto excede el futuro de una sola fábrica y plantea un debate sobre el modelo industrial del país. En ese sentido, ratificaron que continuarán utilizando todas las herramientas gremiales e institucionales para impedir el cierre de la planta y defender la producción, el empleo y la industria nacional.
