Expediente 247.590 del concejal Estévez
VISTO
El Decreto 1087/2018 publicado el 03/12 en el Boletín Oficial por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional convoca al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias a efectos del tratamiento de los asuntos comprendidos en la convocatoria.
CONSIDERANDO
Que el Congreso de la Nación, convocado a extraordinarias por el Poder Ejecutivo Nacional sesionará desde el 3 al 21 de diciembre del 2018.
Que según el anexo que forma parte del Decreto 1087/2018, ascienden a más de 40 los asuntos que el Poder Ejecutivo pretende tratar: la contribución especial para mutuales y cooperativas, la reforma del impuesto de bienes personales, la financiación de los partidos políticos y contra la violencia en el fútbol, entre otros.
Que sin embargo, el proyecto de ley que regula los alquileres en el país no se encuentra dentro del temario.
Que el mismo presidente en octubre de 2018 anunció un paquete de medidas para aliviar la carga a este sector, y solicitó personalmente el tratamiento del proyecto de ley de regulación de alquileres. Algunos puntos relevantes en discusión son la extensión de dos a tres años el plazo mínimo del contrato de alquiler; la fijación de un índice de aumento de alquileres basado en costo de vida y salarios; la obligación de registrar en AFIP los contratos por parte de los propietarios, posibilitando a los inquilinos deducir de ganancias el alquiler; la actualización del monto de devolución del depósito en garantía al momento de entregar el inmueble; el desglose de las expensas en beneficio del inquilino, quien hoy prácticamente se hace cargo de todos los gastos de consorcio; la prohibición del cobro de impuestos de la propiedad y cualquier gasto de inicio del contrato en cabeza de los locatarios; la obligación de las partes de acordar la renovación del contrato con dos meses de anticipación.
Que desde octubre, el texto tuvo varias modificaciones, tendientes a ampliar la base de consensos y a morigerar el rechazo de las entidades que nuclean a las inmobiliarias.
Que pese a que el proyecto ya había tenido dictamen favorable y contaba con el respaldo de legisladores de distintos bloques, según distintas fuentes legislativas y del sector privado, la presión de las asociaciones de inmobiliarias primó sobre el reclamo de las agrupaciones de inquilinos.
Que la temática de los alquileres atraviesa a todo el país. Existen más de ocho millones de habitantes que a lo largo y ancho de Argentina hoy alquilan, y que destinan alrededor del 50% de sus ingresos al alquiler. Históricamente lo que pretendió verse como una relación civil de pares, ha demostrado ser una relación desigual y eso ha influido en qué rol ha tomado el Estado a lo largo del tiempo.
Que según estudios del Centro de Estudios Metropolitanos y la Concejalía Popular, los contratos de alquiler subieron un 38% en promedio, mientras que los salarios en el mejor de los casos, apenas el 25%; con la inflación que no cede y constantes tarifazos, a los trabajadores y a los sectores medios se les hace muy difícil afrontar los alquileres.
Que el impacto a la economía de los inquilinos también se ve afectada por la suba de las expensas, de los servicios y de la propia canasta básica, lo que genera un combo fatal que no cierra por ningún lado. Que eso demuestra la necesidad de una nueva regulación que equilibre la relación entre inquilinos y propietarios evitando los abusos existentes.
Que la iniciativa de regulación de alquileres, cuenta con media sanción del Senado desde hace más de dos años y que por el paso de ese período sin lograr su aprobación perderá estado parlamentario. Y de esta manera las eventuales modificaciones en la normativa que rige los contratos de locación deberán volver a sortear todo el trámite en ambas cámaras del Congreso.
Por lo expuesto, los concejales abajo firmantes, elevan al Cuerpo para su tratamiento y posterior aprobación, el siguiente proyecto de
DECLARACIÓN
El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su preocupación por la no inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación del proyecto de Ley de alquileres y su consecuente pérdida de estado parlamentario.
No sólo que todos los consensos trabajados y obtenidos hasta el momento para una nueva regulación de alquileres que tienda a equilibrar las partes vuelven a foja cero, sino que se sigue posponiendo una resolución de fondo a la problemática de más de ocho millones de habitantes de nuestro país que alquilan que hoy ven vulnerados sus derechos y que necesitan de un Estado que los garantice.