Piden que el MPA investigue a un senador provincial por presunto conflicto de intereses en una obra pública

El agente público Luis Gorosito y el diputado Fabián Palo Oliver solicitaron que se investigue una posible comisión de delitos vinculados a la venta de materiales por parte de la empresa de un senador a una UTE adjudicataria de una obra financiada por el Estado provincial.

Se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investiguen presuntas irregularidades en el marco de la obra pública denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier”, en el departamento homónimo.

La presentación fue realizada por el agente público Luis Gorosito y el diputado provincial Fabián Palo Oliver, quienes aportaron documentación que daría cuenta de una posible comercialización de materiales y servicios por parte de Oscar Alfredo Dolzani, actual senador provincial por el departamento San Javier y titular del “Corralón Dolzani”, a la empresa Obring S.A.

Cabe señalar que Obring S.A. integra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de la obra en cuestión, la cual se encuentra financiada con fondos del Estado provincial. En ese marco, los denunciantes sostienen que la operatoria descripta podría configurar un grave conflicto de intereses, al tratarse de negocios privados realizados por un legislador con empresas vinculadas a una obra pública ejecutada en su propio distrito.

Según consta en el escrito presentado ante el MPA, se acompañó documentación que acreditaría la compra directa por parte de Obring S.A. al Corralón Dolzani de materiales y servicios por un monto total de $18.894.036,11. Se trata, puntualmente, de una factura de compra (A N° 00010-00001490) y su remito correspondiente (N° 00010-31346571), ambos fechados el 27 de enero de 2026.

De corroborarse la veracidad de estos hechos, los denunciantes advierten que la conducta podría entrar en tensión con diversas normas penales y constitucionales vigentes. En primer lugar, mencionan el artículo 265 del Código Penal, que tipifica el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En ese sentido, remarcan que el senador Dolzani no solo habría realizado negocios con una empresa adjudicataria de una obra estatal, sino que además, en su rol legislativo, aprobó el endeudamiento necesario para su continuidad y tiene deberes de control sobre esa inversión.

Asimismo, se plantea la posible aplicación del artículo 256 bis del Código Penal, referido al tráfico de influencias. Si bien la documentación exhibe una operación comercial entre privados, los denunciantes subrayan que la condición de senador provincial del titular del corralón no puede ser considerada un dato menor, dado el peso institucional que conlleva para la obtención de oportunidades comerciales.

Por otra parte, la presentación también cita normas provinciales y constitucionales, como el artículo 6 de la Constitución de Santa Fe, que establece el deber de ética pública y la prevención de la corrupción, y el artículo 87, que fija incompatibilidades entre el cargo de legislador y actividades comerciales con empresas vinculadas económicamente con el Estado provincial. A ello se suma la Ley 13.230 de Ética Pública, que regula los conflictos de intereses y obliga a los funcionarios a excusarse de intervenir cuando estos se presentan.

En este contexto, Gorosito y Palo Oliver solicitaron al MPA una serie de medidas probatorias para avanzar en la investigación. Entre ellas, pidieron requerir información a ARCA sobre las operaciones comerciales entre Dolzani y las empresas integrantes de la UTE; solicitar al Ministerio de Obras Públicas los antecedentes técnicos de la obra; ordenar pericias contables sobre la firma del senador; realizar pericias técnicas sobre los materiales utilizados; y requerir informes bancarios y comerciales a las empresas involucradas desde el año 2024 hasta la fecha.

Así, la denuncia abre un frente judicial que vuelve a poner en discusión los límites entre la función pública y los intereses privados, y deja en manos del Ministerio Público de la Acusación la tarea de determinar si los hechos denunciados configuran o no delitos penales y violaciones a las normas de ética pública vigentes en la provincia.