Algo en Común El diario de Rosario
El Frente Amplio por la Soberanía exige al Ejecutivo santafesino que detenga el proceso licitatorio de la concesión del dragado y peaje del río Paraná hasta que se divulgue el estudio de impacto ambiental.
El proceso de licitación para la concesión del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná ha generado un amplio rechazo en Santa Fe, especialmente entre sectores políticos que cuestionan la falta de transparencia y la omisión de un estudio de impacto ambiental previo a la adjudicación. El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) ha presentado un proyecto en la Legislatura provincial para exigir al gobierno de la provincia que frene el proceso hasta que se disponga públicamente esta información clave.
Carlos del Frade, diputado por el FAS, ha liderado esta iniciativa, argumentando que el proceso licitatorio contraviene varios mandatos constitucionales y leyes ambientales tanto nacionales como provinciales. En su propuesta, el legislador subraya la necesidad de conocer el impacto ambiental antes de avanzar con la licitación, tal como lo establecen los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, y las normativas ambientales de Santa Fe y de la Nación.
Del Frade también señaló que la información sobre el estado de la Vía Troncal del Paraná, vital para el proceso de licitación, podría estar bajo el control exclusivo de la empresa Jan de Nul, encargada del servicio desde 1995, lo que representa un conflicto de interés. Además, recordó que la concesión de este servicio a una empresa privada se dio antes de que las leyes ambientales estuvieran vigentes, lo que ha generado una brecha legal que debe ser atendida.
El diputado también hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ratifica que los ríos y sus cauces son bienes de dominio público de las provincias, lo que refuerza la postura del FAS sobre la necesidad de que Santa Fe tenga un rol activo en la gestión de este recurso natural.
Por último, Del Frade recalcó que el gobierno provincial no debe mantenerse al margen de este proceso y debe actuar para garantizar que el estudio de impacto ambiental se haga público antes de que se continúe con la licitación. Exigió que la información sobre los posibles efectos del dragado y la privatización del río Paraná sea accesible para la ciudadanía de Santa Fe, como paso previo a cualquier adjudicación.
