Algo en Común El diario de Rosario
«Celebro y acompaño la voluntad del fiscal Miguel Moreno de avanzar sobre quien parecía un intocable.
El vicepresidente del Concejo Municipal y presidente del Bloque Cambiemos, Roy López Molina, elevó un pedido de informes para que la Municipalidad de Rosario aclare si Andrés «Pillín» Bracamonte, jefe de la barrabrava de Central, explota chapas del servicio público de taxis por intermedio de terceros o tiene contratos con el Estado a través de otras firmas a su nombre.
El planteo del concejal fue a raíz de los allanamientos a una propiedad de Ibarlucea en el que secuestraron 2.500.000 de pesos en el marco de una investigación de la Justicia provincial, y tras declaraciones de su abogado, que reconoció en medios de comunicación que el efectivo era producto de ganancias sobre negocios con un servicio público.
«Celebro y acompaño la voluntad del fiscal Miguel Moreno de avanzar sobre quien parecía un intocable. Y es allí donde la Municipalidad no puede mirar para otro lado», indicó López Molina.
Es que al edil de Cambiemos le llamó la atención que «no existe ningún titular de taxis bajo el nombre de Andrés Bracamonte» pero que sí «figuran, al menos, seis licencias a nombre de familiares directos».
El pedido se basa sobre las chapas RA 960, 1058, 1777, 2237, 2861 y 2864. «Es necesario conocer el nombre y apellido del titular, fecha y forma de adquisición de la licencia, multas y otras sanciones aplicadas, e información sobre recorridos contenidos en sistema GPS, entre otros datos», solicitó.
«Ya una investigación judicial de 2013 detectó que allegados a quienes después fueron condenados como cabecillas de Los Monos administraban chapas de taxis. Pareciera que aún con el paso del tiempo en la Municipalidad el sistema de adquisición de licencias es cuanto menos permeable», recordó el concejal.
Para López Molina, corresponde al Departamento Ejecutivo ejercer un fuerte control sobre los titulares o sus allegados -posibles prestanombres- en caso de licencias de un servicio público «a los fines de evitar que sea utilizado para blanquear ganancias de actividades delictivas o para introducir dinero negro en el circuito legal».
El vicepresidente del Concejo Municipal amplió su pedido a conocer «si existen o existieron contratos entre el Estado municipal y las empresas VANEFRA SERVICIOS SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, SER-ECO SRL, o cualquier otra cuyo directorio integre Andrés Alejandro Bracamonte».
«El municipio cuenta con ordenanzas vigentes para revisar todo tipo de inversiones en materia de servicios públicos, construcción o habilitación de comercios, como es el caso del Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones que creamos tras la polémica habilitación del boliche Esperanto. Si esas no alcanzan, debemos discutir nuevas propuestas», concluyó.
