Algo en Común El diario de Rosario
El Diputado Walter Ghione ingresó un proyecto para que el Poder Judicial y la ANSES realicen entrecruzamiento de datos, de modo tal de impedir que las personas privadas de libertad, procesados y condenados puedan acceder a percibir el Ingreso Familiar de Emergencia.
La semana pasada comenzó el pago del tercer bono que fue otorgado por el Gobierno como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria por coronavirus.
Sin embargo, al detectarse en otras provincias la denuncia de que personas presas podrían estar cobrando la ayuda, el Gobierno Nacional se vio obligado a aclarar que las personas privadas de libertad no pueden ser beneficiarios. De todas formas, no queda muy en claro los mecanismos para impedir esto. Es por ello que el legislador de Somos Vida y Familia, solicita que se realicen las acciones necesarias para evitar que ocurra en la provincia de Santa Fe.
“Hasta se conocieron noticias de otras provincias donde exigían instalar cajeros automáticos en las cárceles para que los presos puedan acceder al cobro del bono de 10 mil pesos. Esto es una barbaridad porque no les corresponde percibir tal ayuda”, sostuvo Ghione y afirmó: “Debemos tomar las medidas necesarias para que personas privadas de su libertad o en conflicto con la ley, no estén gozando de este beneficio en Santa Fe”.
Antecedentes:
A fines de junio se puso de manifiesto una peculiar situación en la Provincia de Tucumán, conforme lo que surgió en medios nacionales, respecto de una reunión en la Casa de Gobierno para tratar la crisis carcelaria, donde el representante del Servicio Penitenciario pidió que se instale un cajero automático dentro del penal para que los presos puedan acceder a la prestación no contributiva mencionada.
El planteo fue inmediatamente rechazado, pero dejó al descubierto la posibilidad de que condenados estén accediendo al Ingreso Familiar de Emergencia, en todas las provincias. Es sabido que el procedimiento de la carga de datos puede realizarla cualquier persona. Y luego se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones, pero no existe un entrecruzamiento de información con la Justicia. Por eso, el proyecto busca incorporar este sistema para que puedan saltar alertas respecto a personas que no están habilitadas a cobrarlo.
Por otra parte, activar un mejor procesamiento en el diseño del sistema, detectará datos falsos y otras irregularidades, para que el beneficio llegue a personas habilitadas y que realmente lo necesiten, Finalizó el Diputado Provincial.
