Algo en Común El diario de Rosario
Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo advirtieron sobre el impacto del nuevo esquema regulatorio en las pymes y el empleo. Reclaman ser incluidos en la discusión para garantizar la sustentabilidad del recurso y las condiciones laborales.
En medio de una nueva etapa de reformas y debates regulatorios en Argentina, trabajadores del sector marítimo y pesquero encendieron las alarmas frente al avance de la cuotificación del langostino, al tiempo que exigieron ser parte activa de las mesas de discusión para evitar consecuencias económicas y sociales que consideran “graves”.
En este contexto, desde el gremio que conduce el capitán Mariano Moreno manifestaron su preocupación a través de un comunicado en el que alertan sobre el posible impacto negativo del nuevo esquema, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas que integran la flota fresquera.
En efecto, los trabajadores sostienen que la pesca mantiene un fuerte componente artesanal, por lo que el cuidado del recurso depende en gran medida de quienes realizan la actividad día a día. Por lo tanto, consideran imprescindible su inclusión en la toma de decisiones vinculadas a la administración del langostino.
Asimismo, advierten que, de no contemplarse la realidad operativa del sector, la cuotificación podría derivar en una mayor concentración del mercado en manos de grandes buques congeladores, desplazando a las embarcaciones más pequeñas. En consecuencia, esto pondría en riesgo miles de puestos de trabajo tanto en altamar como en las plantas de procesamiento en tierra.
En esa línea, Moreno remarcó que, aunque el objetivo de “pescar mejor y no más” resulta válido, una implementación deficiente podría traducirse en menos días de navegación y en una fuerte caída de los ingresos. De hecho, estimó que las pymes podrían sufrir reducciones de hasta el 50% en sus capturas, lo que implicaría el cierre de empresas familiares y un duro golpe a la economía regional.
Por otra parte, el dirigente subrayó que el salario de los trabajadores está directamente vinculado a la producción. Así, una menor cuota asignada no solo afectaría la rentabilidad de las empresas, sino también los ingresos de capitanes y tripulaciones, profundizando la crisis en el sector.
Sin embargo, las preocupaciones no se limitan al plano económico. En relación al cuidado del recurso, el gremio también planteó dudas sobre la capacidad del Estado para controlar prácticas como el descarte o el denominado “high-grading”, una práctica que prioriza la captura de ejemplares de mayor tamaño en detrimento de los más pequeños.
En este sentido, señalaron que, si bien el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero establece parámetros como la Captura Biológicamente Aceptable, la falta de controles efectivos podría comprometer la sustentabilidad del sistema. Por ende, reclamaron mayores herramientas de fiscalización, como observadores a bordo, cámaras y controles portuarios.
El posicionamiento del gremio se inscribe en un escenario de tensión creciente en torno a las políticas pesqueras impulsadas por el Gobierno nacional, que ya generaron resistencias en distintos sectores. En ese marco, los trabajadores insistieron en que cualquier reforma debe construirse con diálogo y participación, para evitar efectos adversos sobre el empleo, la producción y el equilibrio del ecosistema marítimo.
