Algo en Común El diario de Rosario
Los demandantes en la acción de amparo para que se garantice a los subterráneos de la ciudad «libres» de asbesto pidieron a la justicia que las empresas Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) informen el listado de sus trabajadores de los últimos 40 años, por considerar que la exposición a ese material puede ocasionar «gravísimas» consecuencias en la salud de los empleados.
El pedido fue presentado ante la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad, Patricia López Vergara, quien decidió habilitar la feria judicial para continuar el trámite durante este mes de la acción de amparo interpuesta para lograr la desasbestización del subterráneo y el premetro.
La demanda por el derecho a la salud contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA], Subterráneos de Buenos Aires y la empresa Metrovías S.A., fue promovida semanas atrás por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios generales y adjunto respectivamente, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP).
El «amparo ambiental» también fue firmado, entre otros, por Ramón de Jesús Acuña como trabajador de Metrovías y Fernando Otto Rossi, en su carácter de usuario del servicio.
Los demandantes pidieron la «recomposición ambiental» y que se garantice al subte como un lugar «libre de asbesto», además de la realización de estudios médicos periódicos y un resarcimiento a quienes padecieron daños en su salud.
El asbesto es el nombre un grupo de minerales que, por su resistencia y flexibilidad, ha sido utilizado en la construcción de diversos materiales. La cercanía con ese material supone que, al respirar, las fibras de asbesto pueden alojarse y acumularse en los pulmones y causar lesiones y enfermedades como el cáncer.
Por eso, los demandantes pidieron que se ordene a las codemandadas Metrovías SA y Sbase que en el plazo de diez días informen al tribunal el listado de trabajadores que se desempeñó en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda.
Reclamaron que se condene a las demandadas a financiar la instalación, a la dotación en recursos materiales, personal profesional capacitado y la puesta en marcha de un «Instituto para la Prevención, Capacitación y Tratamiento del Asbesto», con sede en esta ciudad, cuya administración estará a cargo de un Consejo designado por los accionantes.
Luego de varias declaraciones de incompetencia e inhibiciones entre jueces de distintos fueros, el expediente quedó radicado ante López Vergara, quien, como magistrada «de feria» y para resolver algunos planteos formales, resolvió habilitar el trámite procesal durante el receso de verano.
«Las razones de urgencia que autorizan la habilitación de la feria judicial son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustrar determinados derechos en el caso de no prestarse el servicio jurisdiccional dentro del período de receso tribunalicio» expuso la magistrada.
