Algo en Común El diario de Rosario
A partir del lunes 6 de agosto
Las Federaciones Universitarias decidieron, de acuerdo a lo expresado por la mayoría de los docentes en el Plebiscito Nacional Universitario, el no inicio -con cese total de actividades- del 2º cuatrimestre a partir del 6 de agosto.
Recordamos que nuestra paritaria venció el 28/02/18 y que hace más de dos meses que el Gobierno Nacional no convoca a la mesa de negociación salarial. La decisión de no iniciar el 2º cuatrimestre tiene que ver con la gravedad de la situación en las Universidades Nacionales y la enorme pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios.
Si bien en la #UNR las actividades se retoman con anterioridad, el 6 de agosto es la fecha que se coordinó nacionalmente para atender a los diferentes calendarios académicos en cada provincia.
Los docentes universitarios decimos:
Concluimos el primer semestre sin una propuesta salarial que muestre que al gobierno nacional le importa la universidad pública.
El viernes 6 de julio se conocieron los contundentes resultados del plebiscito realizado en todas las universidades nacionales del país. De no mediar una oferta salarial sensata, acompañada de una recomposición del presupuesto universitario, los docentes universitarios no iniciaremos el segundo semestre. En consecuencia, a partir del lunes el 6 de agosto suspendemos todas las actividades académicas a lo largo y ancho del país.
El viernes 10 de agosto realizaremos una reunión nacional para hacer un balance de la medida de fuerza y evaluar cómo se continúa.
Durante la primera mitad del año hemos realizado una innumerable cantidad de acciones con el fin de hacer oír nuestros reclamos, pero el gobierno sigue haciendo caso omiso. La última reunión paritaria fue a principios de mayo. Necesitamos ser escuchados y por ello es imperioso profundizar nuestra lucha. Si buscamos resultados distintos, debemos tomar medidas diferentes. Hasta el momento la política del gobierno fue reducir el poder adquisitivo de nuestros salarios, recortar el presupuesto y, como consecuencia del agravamiento de la situación económica, expulsar estudiantes de las universidades. Nuestras medidas de fuerza de forma progresiva, con marchas y actividades públicas de visibilización no han logrado modificar la situación.
Tomamos una medida tan drástica porque se encuentra en serio riesgo la universidad pública, gratuita, laica, inclusiva y transformadora. Esta medida es producto del deliberado menosprecio del gobierno hacia la universidad pública y el desconocimiento de la instancia paritaria establecida por ley, institución indispensable para la convivencia democrática. Este desprecio se hace visible con el único y magro aumento salarial de 5%, fijado por decreto, contra un 16% de inflación en lo que va del año y que para el 2018 se estima en un 30%. El gobierno nacional nos está recortando el salario. Nuestra demanda es básica si queremos evitar que la docencia universitaria se hunda en la pobreza.
Sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad.
El conflicto salarial no es más que el emergente de un conflicto mayor que mantiene en vilo a la universidad pública. Ya en marzo de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional modificó el presupuesto asignado originalmente a las universidades nacionales, recortándole $3000 millones, subejecutando y dejando de pagar algunos rubros indispensables para el desarrollo de nuestras tareas. Como muestra el informe de CONADU: “El atraso en los pagos afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en Desarrollo de Proyectos Especiales (100%); Programa Bec.Ar (93,7%), Gastos para Funcionamiento (73,3%); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%)” (El ajuste sobre las universidades nacionales).
El ahogo presupuestario se sufre en algunas universidades más que otras en razón de la simpatía y alineamiento de sus autoridades con el gobierno nacional. Hay universidades que no reciben los giros presupuestarios mensuales para hacer frente a los gastos de funcionamiento propios de cualquier institución. Pero la situación más grave la padecen aquellas que no reciben ni siquiera los fondos para el pago de los salarios.
Esta política de ajuste impacta negativamente en las condiciones de trabajo y de cursado y compromete la permanencia en la universidad de muchos. En el último boletín estadístico de la Secretaría de Planeamiento de la UNR que refiere al año lectivo 2016 un dato no pasa desapercibido: la deserción llegó a 19.115 estudiantes. Este fenómeno no es casual: de 2016 a 2017 el presupuesto que la UNR destinó a becas descendió de 25 a 16,5 millones de pesos y el programa Bec.Ar se ejecutó en un 6,3%. Si a este recorte sumamos los aumentos en los alquileres, servicios básicos y transportes hay una sola conclusión posible:
“es la política de exclusión del gobierno nacional la que vacía las aulas de la Universidad, no somos los docentes con nuestra lucha.”
Hoy más que nunca, la defensa de la universidad pública corresponde de igual manera a docentes, estudiantes y a la sociedad en general. La educación pública es un derecho, no un servicio. La universidad produce conocimientos de los cuales la sociedad se apropia y que deben ser puestos al servicio de un modelo de país soberano, autónomo, democrático con miras al desarrollo regional y el fortalecimiento de la Patria Grande. Quienes formamos parte de la misma debemos comprometernos con su defensa incondicional, entendiéndola no sólo como el resguardo de una institución educativa sino de un modelo de sociedad inclusiva, solidaria y de todos.
¡Estamos de paro porque estamos defendiendo la universidad pública!
No nos iremos a nuestras casas, será un paro activo. Estaremos en las calles ocupando el espacio público junto al movimiento estudiantil y al conjunto de la sociedad.
No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos y sin presupuesto adecuado, defendemos la universidad pública para transformarla.
¡La única lucha que se pierde es la que se abandona!
