Algo en Común El diario de Rosario
En el marco del Día Mundial de Lucha Contra las Adicciones y en relación a la falta de implementación de políticas públicas especificas en la provincia de Santa Fe, la presidenta del Bloque FPV-PJ afirmó: «Debemos generar opciones para evitar que nuestros jóvenes y adolescentes se relacionen con el delito debido a sus problemáticas de consumo y adicciones.
El Estado no debe fallar aportando posibilidades para proyectos de vida que aseguren dignidad y garanticen los derechos humanos. Debido a numerosas irregularidades y violaciones a los derechos de los pacientes, desde el año pasado pedimos un mayor control del funcionamiento, proyectos y programas, así como el control de las instituciones que brindan tratamiento para jóvenes y adolescentes con consumos problemáticos y adicciones».
Según explicó López, aunque el gobierno nacional decretó la emergencia en materia de adicciones para todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2018 nada se sabe en lo que respecta a las acciones especificas llevadas a cabo en la provincia de Santa Fe como asimismo en la ciudad de Rosario. En ese sentido, la edil manifestó que «es importante que se efectivice una articulación adecuada con el fin de evitar que tanto los usuarios como sus familiares giren en círculos en los distintos organismos del Estado. Que salud, salud mental, adicciones, niñez y género generen y conecten sus protocolos que permitan elaborar las trayectorias de los usuarios para brindar una mejor atención y tratamiento. Ademas, es necesario que luego estas áreas actúen con educación y trabajo para impulsar proyectos de vida. Necesitamos no sólo ejercer mayor control sino también ofrecer mas establecimientos cercanos donde residan las personas que necesiten tratamientos ambulatorios como asimismo internaciones».
Para concluir, la Secretaria de la Mujer del PJ en Santa Fe remarcó que «hace tiempo venimos exigiendo que se cumpla con el Observatorio Municipal de Alcohol y Drogas, normativa incumplida hace años por la intendencia que permitiría la elaboración de datos precisos acerca de las distintas realidades de nuestros barrios para lograr una planificación y abordaje adecuado a las necesidades de quienes padecen consumos problemáticos y adicciones. Es fundamental proteger los derechos integrales de niñas, niños y adolescentes».
