Cada Sindicato asegurará la medida de fuerza garantizando las guardias mínimas y los sectores afectados directamente a la atención de la Pandemia.
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Tal como se reclamó al Ministerio de Trabajo, al de Salud y al propio Gobernador, los casos de COVID se incrementaron en un 350%, 3 de cada 10 casos fueron contraídos en el ámbito laboral. Consideramos justo que se hayan vacunados a otros sectores, pero se excluyeron –entre otros- a docentes municipales.
Se vacunó a todo el personal de seguridad, pero en los operativos participa mayoritariamente el personal municipal y comunal.
Se vacunó a empleados privados de servicios fúnebres, pero la manipulación de féretros y cadáveres lo hacen quienes trabajan en los cementerios.
Hoy las áreas de Control, Recolección de Residuos, Desarrollo Social, trabajadores afectados a Defensa Civil, Tránsito, Policía Municipal, Inspectores y Guardias Urbanas, áreas de servicios como alumbrado, obras sanitarias, aguas y tantas otras actividades están igualmente expuestos que otros sectores ya vacunados.
Funcionarios de la Provincia convocan específicamente a personal municipal y comunal, a través de sus autoridades, a colaborar en los operativos de control y asistencia sanitaria pero ignoran la necesidad de su vacunación y el índice de contagios y fallecimientos de nuestros compañeros y compañeras.
Incluso hemos tomado conocimiento de gestiones realizadas por Intendentes y Presidentes Comunales, para exigir la vacunación, pero tampoco han sido atendidas, es decir, no hay vacunas para un servicio declarado Esencial en Pandemia como lo es el Municipal
SEGURIDAD PÚBLICA
La medida de fuerza, además de exigir la vacunación de todo el personal en riesgo, reclama por la integridad física de los trabajadores municipales y comunales que son enviados a la realización de operativos para el cumplimiento de Protocolos, y son víctimas de graves agresiones por parte de los infractores. Las respuestas violentas y hasta el uso de la fuerza, son una constante en cada operativo.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Repudiamos enérgicamente el abuso de poder, particularmente del Intendente de San Carlos Centro quien dejó cesante por persecución gremial a trabajadores imposibilitados de trabajar por estar alcanzados por el DNU Presidencial. No sólo no ha acatado la Conciliación Obligatoria sino que además incumplió las Ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante de dicha ciudad.
Utilizar la Pandemia para la persecución laboral, es una situación de violencia institucional grave, que pone en riesgo el sustento de los trabajadores en medio de semejante crisis social y sanitaria.
IAPOS
La falta de respuesta de las autoridades de la Obra Social de la Provincia sobre el gasto desorbitado en medicamentos y las denuncias de deuda con prestadores -que amenazan dejar sin servicio a los afiliados y afiliadas del Departamento Rosario- requieren urgentes explicaciones públicas sobre esta situación. Como venimos advirtiendo continuamente, se pone seriamente en riesgo la paz social y la lucha contra la pandemia, cuando se amenaza la continuidad de la prestación de la salud de las y los trabajadores.