Algo en Común El diario de Rosario
El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata fijó el inicio del juicio para el 23 de abril de 2026. Se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Avellaneda y la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, con 26 víctimas vinculadas a la firma.
Tras años de lucha de familiares, sobrevivientes y organizaciones sindicales y de derechos humanos, la Justicia avanzó sobre una de las aristas más incómodas del terrorismo de Estado: la complicidad empresarial. El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata fijó para el 23 de abril de 2026 el inicio del juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, cuando la empresa integraba el poderoso grupo Bunge y Born.
El proceso, conocido como la Causa Molinos, tendrá como único imputado a Emilio Jorge Parodi, ex jefe de Personal de la fábrica entre 1975 y 1979. Parodi llegará al debate acusado de ser partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad de los trabajadores Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, secuestrados el 7 de julio de 1976 al ingresar o retirarse de su jornada laboral. Desde entonces, permanecen desaparecidos.
Sin embargo, el juicio no se agota en esos tres casos. Por el contrario, la investigación judicial abarca un total de 26 víctimas vinculadas a la planta de Avellaneda, en un expediente que busca esclarecer el rol de la empresa y de sus cuadros jerárquicos en el engranaje represivo de la última dictadura cívico-militar.
Según la acusación, Parodi habría colaborado activamente con el aparato criminal del Estado mediante la confección de listas de trabajadores, elaboradas en función de su militancia y actividad sindical. Esas nóminas, sostienen las querellas, fueron utilizadas luego por las fuerzas represivas para ejecutar secuestros selectivos, en muchos casos con participación directa dentro del ámbito laboral.
En ese sentido, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) celebró la llegada a juicio como “un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda, junto a los sobrevivientes”.
A la vez, remarcó que el proceso expone no sólo la responsabilidad empresarial, sino también silencios y complicidades que atravesaron a distintos sectores durante aquellos años.
Además, la Federación Aceitera nacional y el sindicato de Capital Federal recordaron que asumieron el compromiso de representar a sus afiliados detenidos-desaparecidos “con la complicidad empresarial, pero también de la conducción sindical de aquel momento”.
En esa línea, informaron que aportaron actas y documentación clave y que se presentaron como querellantes en la causa.
El proceso judicial es impulsado por los familiares de las víctimas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos aceiteros, entre ellos la FTCIODyARA y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEIA). Se trata de un entramado de actores que, con perseverancia, logró sostener la causa frente a dilaciones, obstáculos y resistencias.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, las audiencias se desarrollarán los jueves y se realizarán de manera telemática, a través de la plataforma Zoom. Más allá del formato, el juicio se inscribe en un proceso más amplio: el de juzgar no sólo a los ejecutores directos del terrorismo de Estado, sino también a quienes, desde oficinas y escritorios empresariales, facilitaron y se beneficiaron del disciplinamiento brutal de la clase trabajadora.
La nómina de víctimas en Molinos Río de la Plata da cuenta de la magnitud del horror: trabajadores, militantes sindicales, familiares y hasta una niña apropiada con apenas seis meses de vida. Nombres, historias y ausencias que hoy vuelven a interpelar a la sociedad argentina.
Así, a casi cinco décadas de los crímenes, la llegada de Molinos Río de la Plata a juicio vuelve a poner en discusión una verdad incómoda pero necesaria: el terrorismo de Estado no fue sólo militar, sino también civil y empresarial. Y la Justicia, aunque tarde, empieza a exigir cuentas.
