Algo en Común El diario de Rosario
Desde el 25 de agosto, todos los trámites vinculados a sociedades, asociaciones y contratos se concentrarán en una oficina unificada. Se busca simplificar gestiones, eliminar pasos innecesarios y avanzar hacia una administración digital.
En un paso clave hacia la modernización del Estado, el Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que a partir del próximo 25 de agosto se unificarán los trámites vinculados al Registro Público de Comercio y la Inspección General de Personas Jurídicas en un único organismo: el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos.
El objetivo es claro: agilizar procedimientos, reducir tiempos de espera y avanzar hacia una gestión más simple, digital y cercana. La decisión, establecida en el decreto Nº 1021/25 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se enmarca en la reglamentación de la Ley N° 14276, sancionada en 2024, y responde a un pedido histórico del sector productivo y del ámbito jurídico.
“Este cambio de enfoque está pensado para facilitarle la vida a quienes producen, invierten y trabajan en Santa Fe”, aseguró Roberto Ryan, titular del nuevo organismo. Y agregó: “No es solo una modificación de nombre. Incorporar la palabra empresa refleja el rol clave que este Registro cumple en el entramado productivo provincial”.
Por su parte, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, subrayó que la medida “unifica criterios, evita duplicaciones innecesarias y mejora sustancialmente la atención al público”.
El rediseño no solo es estructural, sino también tecnológico. El traslado de sistemas informáticos, bases de datos y documentación ya está en marcha, y la provincia proyecta la digitalización de trámites claves, como la rúbrica de libros de comercio, que en el corto plazo podrá realizarse de manera remota incluso desde localidades del interior, sin necesidad de traslados a la capital.
Otro de los avances es la eliminación de la doble inscripción para sociedades anónimas, así como la simplificación en la presentación anual de balances, lo que tendrá un impacto directo en organizaciones sin fines de lucro, clubes y entidades civiles.
En paralelo, se garantizará el respeto a las normas vigentes en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, asegurando que esta transformación no descuide derechos fundamentales.
Durante una etapa de transición de seis meses, los trámites ya iniciados en el actual Registro Público podrán finalizarse allí. Pero todos los nuevos deberán iniciarse directamente en el nuevo organismo, con el objetivo de unificar criterios y facilitar el seguimiento de expedientes.
“La transformación que proponemos va mucho más allá de la despapelización”, explicó Ryan. Y detalló que se trata de construir “un organismo inteligente, flexible, que se adapte a la Ley de Gobernanza de Datos, que colabore en la lucha contra el delito organizado y que innove de manera permanente”.
Con esta medida, el gobierno de Pullaro da una nueva señal de su voluntad de modernizar el aparato estatal, apostando a una gestión eficiente que acompañe al sector productivo y promueva el desarrollo con reglas claras y trámites accesibles.
