Algo en Común El diario de Rosario
El presidente rechazó en su totalidad el proyecto aprobado en el Congreso que garantizaba fondos para la universidad pública y mejoras salariales. La decisión, formalizada en el Decreto 647/2025, profundiza el conflicto con el sector educativo y la oposición.
El Gobierno de Javier Milei volvió a tensionar la relación con el sistema universitario y con la oposición parlamentaria. Este miércoles 10 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 647/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó íntegramente la Ley Nº 27.795, aprobada el pasado 21 de agosto por el Congreso.
El proyecto, denominado “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, había sido impulsado para garantizar partidas específicas destinadas al sostenimiento de las universidades públicas en todo el país y a la actualización salarial de docentes y no docentes.
Entre los puntos centrales, la norma establecía que el Ejecutivo debía definir fondos concretos para el programa de Desarrollo de la Educación Superior, orientados a asegurar la continuidad académica de los estudiantes, mejorar la infraestructura, impulsar la investigación y la extensión universitaria, así como fortalecer el sistema de becas. Además, contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo rechazó el proyecto en su totalidad, bajo el argumento de preservar la potestad de administrar los recursos públicos y de evitar lo que considera “intromisiones” del Congreso en la gestión del gasto.
De esta manera, la decisión presidencial abre un nuevo frente de conflicto con el sector educativo, que viene reclamando un refuerzo presupuestario frente a los recortes aplicados en los últimos meses, y con la oposición parlamentaria, que había logrado aprobar la ley con amplio consenso.
La medida, lejos de cerrar la discusión, anticipa una escalada en la disputa política y social en torno al financiamiento de la universidad pública argentina y las condiciones laborales de sus trabajadores.
