La medida implicaría una fuerte caída de puestos de trabajo y pondría en riesgo la continuidad de la marina mercante argentina.
En ese sentido, existió el lunes 18 una reunión para analizar la situación del sector. En caso de “desregularice”, la ley de cabotaje nacional, “pondría en riesgos los puestos del empleo de la actividad”, indicaron los gremios marítimos.
En el encuentro, que contó con la presencia de los dirigentes que integran la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), se abordó con preocupación los trascendidos acerca de la intención del gobierno nacional de desregular actividad productivas, industria y de servicios, como así también eliminar la reserva de cabotaje nacional para los buques argentinos o con tratamiento de bandera.
La derogación de la ley de cabotaje nacional implicaría el fin de las operaciones de empresas de bandera argentina, con fuerte caída de empleos.
La Ley de Cabotaje Nacional N° 19.492 está vigente desde 1944 y establece que todo el transporte de mercancías sólidas, líquidas o gaseosas con origen y destino en puertos nacionales debe ser realizado por buques argentinos con oficialidad argentina y al menos un 25% del personal subalterno de la misma nacionalidad, según sus disposiciones generales.
En su artículo 1, fija que “la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos”.
En ese marco, los secretarios generales de la FESIMAF y los representantes empresarios de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), la Cámara Naviera Argentina (CNA) y la Cámara de Armadores de Bandera Argentina (CARBA) coincidieron que «la adopción de esa medida pondrá en grave peligro la continuidad de la Marina Mercante Argentina y consecuentemente, nuestros puestos de trabajo».
“Ante esta amenaza se ratifica una vez más la necesidad vital de defender la Marina Mercante Nacional, la Reserva del Cabotaje Nacional y los puestos de trabajo para los marinos argentinos”, señaló la Federación en un comunicado.
La FESIMAF ratificó la firme convicción de mantener la unidad en todas las negociaciones que se lleven adelante en defensa de los puestos de trabajo y planificar las distintas acciones conducentes para alcanzar esos objetivos”.
Hasta el momento, ningún representante de empresas ni sindicatos fue notificado de manera oficial sobre proyectos al respecto, pero sí el sector empresario admitió haber recibido por fuentes oficiales dichos comentarios.
El argumento para la desregulación sería el alto costo comparativo de los fletes de Cabotaje Nacional, respecto del que eventualmente cobrarían las flotas extranjeras.
La entidad sindical está compuesta por el SOMU, el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante (CAP), Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos, el Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el Sindicato Electricistas Navales y Centro de Comisarios Navales, entre otros.