Ley de Libertad Educativa: qué dice el proyecto de Milei

El proyecto presentado por la administración de Javier Milei propone una transformación profunda del sistema educativo argentino, con mayor autonomía escolar, centralidad de las familias, educación en el hogar, cambios en la formación docente, ingreso universitario más estricto y un esquema de financiamiento basado en desempeño. La iniciativa, que reemplazaría la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, ya genera fuertes controversias.

El Gobierno nacional dio a conocer el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una de las piezas centrales del denominado Consejo de Mayo, que el oficialismo pretende debatir en el Congreso a partir de marzo de 2026. La iniciativa, que consta de 169 artículos, apunta a modificar de raíz la organización del sistema educativo argentino y a establecer un nuevo paradigma filosófico basado en la autonomía pedagógica de las instituciones y el “rol preferente de las familias”.

Desde el comienzo, el texto plantea una concepción distinta a la que rige desde 2006. Aunque ratifica la gratuidad de la educación estatal, omite toda referencia al carácter laico del sistema, un principio histórico desde los tiempos de Sarmiento. Este detalle ya encendió alarmas en amplios sectores educativos, que temen la habilitación de contenidos religiosos en escuelas públicas.

El proyecto propone una autonomía pedagógica sin precedentes para las instituciones educativas. Cada escuela, tanto estatal como privada podrá elaborar sus propios planes de estudio, diseñar métodos de enseñanza, organizar su calendario escolar e incluso participar en la selección y remoción de personal, siempre bajo supervisión provincial. Además, se permitirá reservar hasta un 25% del tiempo escolar para contenidos definidos por cada institución, lo que apunta a una formación más flexible y diferenciada.

Asimismo, el Gobierno declara la “esencialidad” de la educación básica, lo que obligaría a garantizar un servicio mínimo aun durante medidas de fuerza, un punto que ya anticipa eventuales tensiones sindicales.

La reforma refuerza el papel de las familias. Se crean consejos de padres en las escuelas estatales, que tendrán injerencia en la elección de autoridades directivas y en la elaboración de reglamentos internos. Además, se habilitan mecanismos de financiamiento orientados a la demanda, como vales o bonos educativos, y se autoriza la publicación de datos de rendimiento por escuela, algo prohibido por la ley vigente.

Consecuentemente, el proyecto abre la puerta a formas alternativas de enseñanza, entre ellas la educación en el hogar (homeschooling) y la educación virtual o híbrida a través de entornos digitales. Las provincias deberán crear registros de estudiantes no escolarizados presencialmente, mientras que la acreditación de contenidos quedará sujeta a evaluaciones estandarizadas.

Otro punto clave es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario y anual, destinado a estudiantes de todas las modalidades. Este instrumento servirá para medir conocimientos fundamentales, orientar procesos de admisión en la Educación Superior y detectar a alumnos sobresalientes de bajos recursos.

La evaluación también alcanzará a los docentes: la estabilidad laboral quedará atada al desempeño pedagógico, la formación continua y la ética profesional, con revisiones periódicas cada cuatro años.

En el nivel superior, el texto introduce reformas de alto impacto. Para ingresar a la universidad ya no se permitirá ser “alumno condicional”: será obligatorio tener completo el secundario. Asimismo, las instituciones deberán ofrecer exámenes de ingreso directo para quienes deseen evitar los cursos de nivelación, lo que podría modificar el funcionamiento del Ciclo Básico Común de la UBA.

Además, se instaura un régimen mínimo de regularidad: los estudiantes deberán aprobar al menos dos materias por año para conservar esa condición. Si bien el Gobierno sostiene que se busca reducir la deserción, críticos advierten que la medida podría expulsar a miles de jóvenes del sistema.

En paralelo, se fortalecen los mecanismos de auditoría externa e interna en las universidades, con participación de la AGN, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano. Este punto se inscribe en la disputa entre el Ejecutivo y el sistema universitario por el uso de fondos públicos.

En materia presupuestaria, la reforma elimina la meta de inversión del 6% del PBI y redefine la responsabilidad financiera de cada jurisdicción. Asimismo, introduce un modelo mixto de asignación de recursos, donde:

  • 75% del presupuesto universitario se asignará según cantidad de estudiantes y carga académica típica.
  • 20% dependerá del desempeño institucional en docencia, investigación y extensión.
  • 5% se distribuirá mediante programas de mejora institucional.

Este esquema, de corte meritocrático, apunta a premiar la eficiencia, aunque sectores opositores interpretan que su verdadero propósito sería achicar la matrícula y reducir costos.