Lanzaron un programa de asistencia al sector productivo que incluye medidas tributarias y tarifarias.

El objetivo es contribuir en este tiempo de pandemia, evitar que se dañe el tejido productivo y sostener el empleo.

El gobierno provincial anunció la creación del programa “Santa Fe de pie”, que involucra un conjunto de políticas vinculadas directamente al sector productivo. En ese marco, el ministro de Economía, Walter Agosto, describió los ejes claves del programa.

“El primer eje está vinculado a la asistencia directa, a través de subsidios a sectores que han estado muy afectados por la crisis sanitaria y no han podido desarrollar su actividad con normalidad. El segundo eje está vinculado al financiamiento para la producción y sostener los niveles de empleo. Y, por último, el tercero está relacionado a un conjunto de medidas tributarias y tarifarias que apuntan a reducir la prisión fiscal sobre las empresas santafesinas”, informó el titular de la cartera de Economía.

 

ASISTENCIA DIRECTA
A través del programa de Asistencia Económica en Emergencia. Mediante el mismo la provincia desembolsó 200 millones de pesos y continúa haciéndolo a través de aportes no reintegrables que oscilan entre 10 mil y 50 mil pesos, según el caso, para comercios o servicios que no han estado exceptuados de las restricciones, por ejemplo, gimnasios, salones de eventos, jardines infantes, academias y centros culturales.

“El gobierno ya ha entregado 2500 aportes a estos grupos y continuará haciéndolo en los próximos meses”, afirmó Agosto. En el caso de las transferencias directas, “el gobierno viene desarrollando líneas de acción, entre las cuales las más importantes son los créditos rotativos a través de Agencias para el Desarrollo, a las cuales el gobierno asiste, para financiar micro, pequeñas y medianas empresas”, explicó Agosto.

En esta misma línea, se encuentra el Fondo Solidario con Mutuales, que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, ha organizado por un monto de 300 millones de pesos, con el objetivo de financiar también a comercios locales y a cooperativas de trabajo. “Ese acuerdo se hizo con las Federaciones que nuclean a las mutuales de la provincia y el INAES. Los fondos son aportados por las entidades y el estado provincial subsidia la tasa de interés. Ya se han otorgado mil créditos en esta línea que permite prestar un monto de hasta 150 mil pesos”, detalló el ministro.

 

Financiamiento para la producción
Sobre este punto, el ministro de Economía sostuvo que “es el eje central del programa. La provincia va a movilizar 2.000 millones de pesos de asistencia financiera, a través del Nuevo Banco de Santa Fe, que es el agente financiero de la provincia, y de otras entidades financieras que participan activamente en el mercado de crédito regional”.

Para movilizar esos recursos hacia el financiamiento el gobierno otorgará garantías y subsidiará tasas. La implementación de estas medidas apunta a dos objetivos fundamentales: facilitar el acceso al crédito y reducir el costo del financiamiento. El monto de las garantías a otorgar por el gobierno de la provincia ascienden a 600 millones de pesos que se complementan con un monto equivalente para subsidio de tasas.

“Eso va a implicar que los sectores más afectados por la pandemia puedan tener una tasa sustancialmente inferior a la de mercado”, agregó. Los instrumentos para el otorgamiento de garantía y subsidios de tasas son tres líneas de créditos.

La primera línea de crédito está vinculada al capital de trabajo. Son préstamos hasta 18 meses, con tres meses de gracia para el pago de capital. Esos créditos van a tener garantía del Fogar Santa Fe y subsidio de tasas del estado provincial, en función del grado de afectación que haya tenido cada empresa.

La otra línea de préstamo es para adquisición de bienes de capital de origen nacional, con un plazo de hasta 36 meses, un período de gracia de 3 meses para el pago de capital y una tasa fija del 24%, que también va a contar con garantías de Fogar Santa Fe.

La tercera línea, que apunta no solo a la etapa de transición actual sino también pensando en recuperación de la economía, es una línea de prefinanciación de exportaciones para las empresas exportadoras santafesinas que va a otorgar financiamiento en moneda extranjera a una tasa fija del 3,5% anual , con un plazo de 180 días.

“También aquí con garantías que va a aportar el gobierno provincial”, detalló el ministro. “Esos serían los instrumentos -continuó. Los sectores que tendrán como destinatarios estas líneas de créditos son: comercios, industria, sector turismo, pymes con nuevos proyectos exportadores y pymes del sector ciencia, tecnología e innovación”.

MEDIDAS TRIBUTARIAS Y TARIFARIAS
En este caso, el programa contempla un nuevo régimen de regularización de tributos vencidos, diferimiento de pago en los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y congelamiento de tarifas.

La primera medida consiste en un programa de facilidades de pagos de deudas impositivas que se registren hasta el 31 de agosto. “Hasta ahora se podía regularizar deudas hasta el 31 de mayo, por lo que resulta necesario extender el plazo”, sostuvo Agosto. En este plan, las empresas podrán pagar las deudas en 12 cuotas, a valor histórico, sin actualización ni intereses.

Se va a diferir el pago del impuesto inmobiliario para el sector hotelero; y para bares y restaurantes se diferirán los saldos de las declaraciones juradas de Ingresos Brutos para los meses de septiembre, octubre y noviembre. “También se va a diferir para los meses de septiembre, octubre y noviembre, el pago del régimen simplificado de ingresos brutos, el denominado monotributo provincial”, detalló el ministro.

El Impuesto de Sellos se diferirá el pago en los contratos que se hagan con respecto a créditos del sistema financiero y mutuales otorgados a las empresas que estén afectadas. “También en el caso de contratos con destino a alquiler de local comercial”, agregó el funcionario provincial.

Por último, como política general en materia tarifaria, la provincia mantendrá el congelamiento de tarifas de energía eléctrica y agua por el año 2020. “Eso implica la resignación de recursos por 5.000 millones de pesos anuales que, obviamente, no deben afrontar ni las empresas ni los hogares”, concluyó el ministro de Economía, Walter Agosto.