El secretario Pietragalla Corti viajó a la provincia y manifestó su preocupación por decisión del gobierno provincial de no dialogar con los manifestantes.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, viajó este fin de semana a Jujuy con motivo de la feroz represión del gobierno provincial contra manifestantes que protestaban en rechazo a la reforma de la Constitución local.
El secretario visitó las zonas de conflicto junto a funcionarios de la Secretaría y referentes de derechos humanos para conversar con representantes de las comunidades que fueron reprimidas y con las personas detenidas y heridas en los cortes de ruta, acompañado por la diputada nacional por Jujuy Leila Chaher. Llevó adelante conversaciones con el fiscal a cargo para que todos y todas las detenidas sean liberadas. También se entrevistó con Mijael Lian Lamas, el joven que perdió un ojo después de haber recibido un disparo de bala de goma.
En ese contexto, la Secretaría observó que no se encuentra garantizado el derecho a la protesta y que hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose, por lo que se presentó una acción de habeas corpus colectivo y preventivo en favor de los y las manifestantes que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta.
Desde su llegada a la provincia, Pietragalla Corti realizó varios pedidos de reuniones con las autoridades del Ejecutivo provincial pero en ningún momento recibió respuesta. “Vemos con preocupación la posición cerrada del gobernador Gerardo Morales porque se está convocando para mañana a hacer la jura de la nueva Constitución y eso puede generar más reacción y más protestas. Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de priorizar la negociación y el diálogo, porque a 40 años de la vuelta de la democracia, no queremos más ver este tipo de represión”, señaló.
El secretario estuvo acompañado por una comitiva integrada por Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría; Alejandro Marmoni, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI); Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Eduardo Tavani, presidente de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y Ricardo Carrizo, miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
La provincia de Jujuy lleva varios días de protestas y manifestaciones luego de que el gobierno provincial anunciara su intención de aprobar la reforma Constitucional de forma express e inconsulta, vulnerando el derecho de acceso a la información y participación de la ciudadanía.
La Secretaría de Derechos Humanos ya expresó su preocupación por varios puntos de la reforma, que otorga rango constitucional al represivo régimen contravencional vigente desde 2016, que faculta a la policía para realizar detenciones arbitrarias sin orden judicial y sin flagrancia, en oposición a lo establecido por las obligaciones de la República Argentina en materia de derechos humanos, y que es utilizado sistemáticamente para perseguir y criminalizar la protesta social.
También generó el descontento de las comunidades originarias por desconocer los derechos contemplados en las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).