Algo en Común El diario de Rosario
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Ley 27.802 implica un retroceso en materia de derechos laborales, sindicales y sociales. La audiencia se realizará el 4 de agosto en Washington y el Gobierno nacional deberá presentar su defensa.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de la denuncia presentada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que cuestionó la constitucionalidad y el impacto de la Ley 27.802 sobre los derechos laborales y sindicales. La audiencia fue convocada para el próximo 4 de agosto, en el marco del 196° Período de Sesiones Ordinarias del organismo, con sede en Washington.
Durante la audiencia, representantes del Estado argentino deberán responder a los planteos formulados por el bloque sindical, que sostiene que la reforma constituye un retroceso en materia de protección del trabajo y vulnera compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
La presentación fue impulsada por el FreSU junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). En el escrito elevado a la CIDH, las organizaciones sostienen que la legislación «desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral y en beneficio de la más fuerte».
Según los denunciantes, la normativa restringe el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical, reduce las herramientas estatales de fiscalización sobre las empresas y debilita los mecanismos de control frente a incumplimientos laborales y fiscales. Además, advierten que las modificaciones afectan especialmente a mujeres trabajadoras y al universo del empleo informal.
La delegación sindical que participará de la audiencia estará integrada por los secretarios generales Pablo Biró (APLA), Rodolfo Aguiar (ATE) y Clara Chevalier (CONADU), además del secretario adjunto de SiPreBA, Francisco Rabini. También expondrán representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), quienes aportarán una mirada jurídica sobre los alcances de la reforma.
En su presentación, el FreSU también cuestionó lo que considera una política de persecución hacia organizaciones gremiales y dirigentes sindicales. Asimismo, denunció un incremento de la conflictividad social acompañado por mecanismos de represión estatal.
Entre los antecedentes citados figura el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante una manifestación realizada en marzo de 2025. Para las organizaciones denunciantes, ese episodio constituye uno de los ejemplos más graves de un patrón de violencia institucional que, sostienen, afecta el ejercicio de derechos fundamentales y el espacio democrático.
La audiencia ante la CIDH representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical por el alcance de las reformas laborales impulsadas por la administración de Javier Milei. Mientras el Ejecutivo defiende los cambios como parte de un proceso de desregulación y modernización del mercado laboral, las organizaciones gremiales sostienen que implican una pérdida de derechos conquistados y un debilitamiento de las garantías de protección para los trabajadores.
El pronunciamiento que surja del organismo internacional no tendrá carácter vinculante, pero podría tener un fuerte impacto político e institucional en el debate sobre la reforma laboral y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos por parte del Estado argentino.
