Algo en Común El diario de Rosario
Desde FATRADIS destacaron un 2025 atravesado por la movilización federal y la defensa de derechos ante una crisis profunda del sector.
A lo largo del año, y con mayor intensidad en su segunda mitad, la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (FATRADIS) protagonizó uno de los procesos de lucha y visibilización más persistentes y extendidos del país.
La implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad se transformó en el eje central de un reclamo que recorrió plazas, calles y espacios institucionales, poniendo en agenda una problemática que afecta de manera directa a miles de familias y trabajadores. En la provincia de Santa Fe, las acciones fueron impulsadas por la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES).
En ese contexto, la crisis del sector, lejos de ser una novedad alcanzó durante 2025 un punto crítico. Los retrasos en los pagos, la falta de actualización de aranceles, la precarización laboral y la ausencia de políticas públicas sostenidas configuraron un escenario insostenible. Frente a ese panorama, FATRADIS sostuvo una agenda de movilización que, con el correr de los meses, logró instalar el reclamo en la agenda pública y política.
Así, las protestas se multiplicaron en todo el territorio nacional. Hubo concentraciones en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Misiones y Río Negro, entre otras provincias. Familias, trabajadores, transportistas, instituciones y organizaciones sociales confluyeron para visibilizar una realidad que impactó de lleno en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, el reclamo llegó a los principales centros de decisión política. Durante el año se realizaron movilizaciones frente al Congreso de la Nación para exigir el reconocimiento formal de la emergencia, y hacia el final del período la Plaza de Mayo volvió a convertirse en escenario de una convocatoria masiva que reunió a organizaciones de todo el país.
Por otra parte, uno de los aspectos más señalados fue la situación de los trabajadores del sistema de discapacidad. Profesionales, docentes, acompañantes terapéuticos, transportistas y equipos técnicos continuaron garantizando prestaciones en un contexto de financiamiento insuficiente y pagos demorados. De este modo, quedó en evidencia que el sistema se sostuvo casi exclusivamente por el compromiso de quienes lo integran, aun cuando las condiciones laborales se deterioraron de manera alarmante.
En ese marco, el conflicto sumó un nuevo capítulo de tensión hacia fin de año, cuando el gobierno intentó vetar las emergencias en discapacidad y universidades dentro de la Ley de Presupuesto. La iniciativa generó un rechazo inmediato y una rápida reacción del entramado social y político.
Gracias a la presión colectiva, el veto no avanzó, aunque el episodio dejó expuesta la fragilidad del sistema y la necesidad de mantener una vigilancia constante.
Desde FATRADIS subrayaron que la lucha por la discapacidad no fue un reclamo sectorial, sino una causa social que convocó a amplios sectores de la ciudadanía. La unidad de las organizaciones, la persistencia de las familias y la solidaridad social resultaron determinantes para sostener cada avance logrado durante el año.
De cara al cierre de 2025, el balance no fue de final sino de continuidad. La emergencia en discapacidad permaneció vigente y las respuestas siguieron siendo insuficientes. No obstante, el recorrido dejó una certeza compartida: la organización colectiva, la movilización sostenida y la defensa de la dignidad se consolidaron como el principal motor para evitar retrocesos y seguir conquistando los derechos que aún faltan.
