Algo en Común El diario de Rosario
La UEJN realizará este miércoles un banderazo frente a los Tribunales Federales de Rosario y el viernes llevará adelante un paro nacional de 24 horas. Denuncian pérdida salarial, falta de transparencia y el deterioro de la obra social judicial.
En medio del creciente conflicto sindical que atraviesa distintos sectores del Estado, los trabajadores judiciales nacionales profundizarán esta semana su plan de lucha con nuevas medidas de fuerza contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La protesta incluirá un banderazo este miércoles y un paro nacional de 24 horas previsto para el viernes, con fuerte impacto en la actividad de los tribunales federales.
Los empleados nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación realizarán este miércoles 13 de mayo una manifestación desde las 12 horas en los Tribunales Federales ubicados en Oroño al 900, en Rosario. La jornada incluirá cese de actividades y se enmarca en un conflicto que, según denuncian desde el gremio, “lleva meses sin respuestas concretas”.
El viernes 15 de mayo, en tanto, la medida se profundizará con un paro nacional de 24 horas que afectará el funcionamiento de todas las dependencias judiciales nacionales en la ciudad y el resto del país. Desde el sindicato advierten que la situación salarial y laboral del sector atraviesa un deterioro cada vez más profundo.
El titular de la delegación Santa Fe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Lisandro Casale, fue contundente al describir el escenario actual: “La situación es insostenible”, afirmó, en referencia a la pérdida del poder adquisitivo y al malestar creciente dentro del Poder Judicial.
Entre los principales reclamos, los judiciales exigen una recomposición salarial “real y sostenida” que permita recuperar lo perdido frente a la inflación. Además, cuestionan la falta de información sobre los fondos ahorrados durante la denominada “acordada de austeridad”, impulsada por la Corte Suprema, y reclaman precisiones acerca de cómo y para qué fueron utilizados esos recursos.
Otro de los puntos centrales del conflicto pasa por la crítica situación de la obra social judicial. Desde la organización gremial remarcan que el acceso a una cobertura médica “digna y eficiente” continúa siendo un derecho postergado para miles de trabajadores y sus familias.
En ese contexto, el conflicto judicial vuelve a poner en evidencia el creciente malestar en distintos sectores estatales frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional. Mientras la administración libertaria insiste con la reducción del gasto público y el congelamiento de partidas, los gremios denuncian que el costo del ajuste recae sobre los salarios, los servicios esenciales y las condiciones laborales de los trabajadores.
