Algo en Común El diario de Rosario
El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el decreto que había anulado la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo responde a un amparo presentado por una familia y marca un límite judicial al ajuste del Ejecutivo. El Gobierno podría apelar.
El ajuste del Gobierno nacional encontró un límite en la Justicia. Este lunes, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, medida que había sido adoptada por el presidente Javier Milei a través del decreto 534/2025.
La resolución judicial se dictó tras un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad, que denunció el riesgo inminente de interrupción de sus tratamientos debido a la insuficiencia arancelaria y la imposibilidad de los prestadores de garantizar la continuidad de la atención. En ese sentido, el magistrado sostuvo que la decisión del Ejecutivo vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
Asimismo, el fallo ordena que la obra social de los menores involucrados adecúe de inmediato sus prestaciones a lo establecido por la ley vetada, restituida para este caso, y dispuso que los costos del proceso judicial sean asumidos por el Estado Nacional.
Veto a la Ley de Emergencia en discapacidad. Protesta en todo en todo el país por la medida de Milei. Fuerte rechazo en Rosario pic.twitter.com/LQtlwbwJ5M
— Jorge Díaz (@Salaito10) August 5, 2025
El juez fundamentó su decisión en el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, establecido por la Convención Americana, y advirtió que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de los niños debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias. “Los argumentos fiscales no pueden justificar la supresión de derechos fundamentales”, señaló en el escrito.
Si bien la sentencia se aplica al caso puntual de los amparistas, se convierte en un precedente de enorme trascendencia política y jurídica. Por un lado, porque refuerza la vigencia de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional; por otro, porque abre la posibilidad de que se presenten recursos de amparo similares en distintos puntos del país, ampliando el alcance del fallo.
Ahora, el Gobierno nacional podrá apelar la medida. Sin embargo, el escenario plantea un debate sensible: hasta dónde llega el poder presidencial de veto cuando se trata de derechos adquiridos y de la protección de los sectores más vulnerables.
En paralelo, organizaciones sociales y asociaciones vinculadas a la discapacidad anunciaron que redoblarán la presión en las calles y en el Congreso, donde este miércoles los bloques opositores impulsarán una sesión especial para tratar los vetos presidenciales.
La batalla política y judicial por la Ley de Discapacidad está lejos de cerrarse. Lo cierto es que, por primera vez desde la asunción de Milei, un tribunal le marcó un freno institucional a una de las medidas centrales de su plan de ajuste.
