Algo en Común El diario de Rosario
La Justicia Federal activó un régimen especial de investigación sobre zonas críticas de la ciudad para desarticular organizaciones criminales. Es un paso inédito a nivel nacional, impulsado por el Ministerio de Seguridad y fiscales de la PROCUNAR.
En una medida sin precedentes en la historia judicial argentina, la Justicia Federal autorizó la implementación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como Ley Antimafia, en áreas específicas de la ciudad de Rosario. La resolución fue adoptada por el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, a partir de una solicitud elevada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por fiscales del Ministerio Público Fiscal, particularmente de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
De esta forma, Rosario se convierte en el primer territorio del país donde se activa formalmente este régimen legal de excepción, con el objetivo de desmantelar estructuras mafiosas enquistadas en el tejido urbano y social de la ciudad. La medida fue respaldada en la Resolución 572/25 firmada por la ministra Patricia Bullrich, que habilitó la conformación de “zonas sujetas a investigación especial”, en virtud de la reiteración de hechos delictivos graves protagonizados por bandas con presencia territorial sostenida.
Durante la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales Federales rosarinos, participaron representantes del Ministerio de Seguridad, entre ellos el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni. También estuvieron presentes los fiscales Diego Iglesias y Matías Scilabra (PROCUNAR), Juan Argibay Molina (PROCELAC), y Javier Arzubi Calvo (Unidad Fiscal Rosario), quienes respaldaron el pedido en nombre del Ministerio Público Fiscal.
A partir de esta resolución judicial, se autoriza el uso de herramientas excepcionales de investigación, tal como lo establece el artículo 4° de la Ley Antimafia, lo que permitirá desplegar operativos con mayor intensidad, disponer de recursos logísticos ampliados, y fortalecer las capacidades estatales para identificar, infiltrar y desmantelar organizaciones criminales complejas.
En paralelo, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre fiscales federales y provinciales, con el acompañamiento del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, para coordinar la acción penal entre ambas jurisdicciones y evitar superposiciones o vacíos legales.
